Cuando se habla de contaminación pensamos en aguas residuales, criaderos de alimañas y áreas atestadas de desechos a los que comúnmente llamamos vertederos. Sin embargo, en la sociedad actual vivimos expuestos a la peor contaminación, la que consumimos a diario y está causando daños irreparables en la población. Se trata de los ruidos que son emitidos desde vehículos, colmados y otros espacios, que trastornan la vida de los ciudadanos.
Baní se está convirtiendo en una ciudad altamente contaminada, con negocios de expendios de bebidas alcohólicas colocados uno frente al otro compitiendo con el volumen de sus equipos de sonido.
El irrespeto a los vecinos ha llegado a traspasar las fronteras de los barrios y sectores populares para reproducirse en residenciales, cerca de clínicas, escuelas y parques, donde por naturaleza se requiere de un ambiente sano, alejado de perturbaciones y escándalos que alteren la paz y el sosiego de los ciudadanos. Es a partir de esa realidad que la Policía Nacional, junto a la Procuraduría General de Medio Ambiente, realizó un amplio operativo anti-ruidos con el propósito de restablecer la tranquilidad y preservar la salud de los residentes en sectores afectados por la contaminación sónica.
La acción dirigida por la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional, bajo el mando del General Jorge Garibaldi Mancebo Bautista, debe ser resaltada, no puede pasar inadvertida, ya que busca poner orden en medio del desorden que provocan los susodichos propietarios de negocios y vehículos, cuyos escándalos están dejando sordos a los moradores de nuestros barrios. Entre los negocios intervenidos figuran El Riverside, Prada, y los colmados Yesenia y El Veneno, donde fueron decomisados decenas de equipos de sonido y máquinas tragamonedas.
En República Dominicana existen legislaciones que regulan la contaminación sónica, como la Ley núm. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo artículo 114 dispone que:
“El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los ayuntamientos municipales y la policía municipal, regulará la emisión de ruidos y sonidos molestos o dañinos al medio ambiente y la salud, en el aire y en las zonas residenciales de las áreas urbanas y rurales, así como el uso fijo o ambulatorio de altoparlantes”.
Posterior a esta fue aprobada la Ley 287-04, sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora, que regula las prohibiciones, sanciones, control y excepciones a la emisión de ruidos nocivos y molestos, y en su artículo 10 establece que: “Quedan encargados del cumplimiento de esta ley, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, la Policía Nacional y la DIGESETT, mientras que, el Poder Ejecutivo establecerá los reglamentos necesarios para su debida aplicación”.
Finalmente, lo único que deseamos es que los operativos anti ruidos no sean producto del momento, o por antojo de un funcionario, si no que respondan al criterio de responsabilidad en el cumplimiento de la ley, porque en la provincia Peravia necesitamos vivir en paz.