VERGÜENZA AJENA…
Es lo que sentimos cuando escuchamos la ensarta de delitos atribuidos a quienes, precisamente estaban para hacer cumplir las leyes desde el sagrado pedestal de la justicia. Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, en la Procuraduría General de la República, operaba una red criminal que recibía sobornos, distrajo fondos, creo falsas nóminas, destruyó evidencias, incendió documentos de la institución, adulteró fechas y objetivos de Comunicaciones y sobrevaluó obras, entre otros delitos en los que cabe resaltar que la sede de la Procuraduría funcionó como centro de envase y distribución de ron, así como también, de comando de campaña, según se hace constar en el voluminoso expediente acusatorio que fue presentado por el organismo anticorrupción del Estado dominicano.
De ahí la solicitud de prisión preventiva para el exprocurador Jean Alain Rodríguez, la encargada del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, Jenny Marte, el exdirector Administrativo, Jonathan Rodríguez, la subdirectora administrativa y financiera, Altagracia Guillén y otros funcionarios de relevancia que formaban parte del equipo de gestión del ex-procurador.
Entre las tantas indelicadezas que se le atribuyen, está la creación de proyectos sin planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción, como el caso del Plan de Humanización, con el objetivo de desarrollar actividades que les permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaban cuantiosas sumas de dinero para beneficio personal.
En ese sentido, el Ministerio Público calificó como un crimen de primer orden el haber distraído o invertido sin ningún criterio, aproximadamente 10 mil millones de pesos. Las malas artes llegaron al colmo de pagar por obras cubicadas y no ejecutadas con montos ascendentes a 450 millones de pesos, que posteriormente fueron desubicadas.
La montaña de documentos es tan alta que sobrepasa las mil quinientas páginas, donde cada acusación es sustentada con las supuestas pruebas que apuntan a las cabezas de los acusados. Uno de ellos llegó a admitir que recibió 20 millones de pesos como pago por cursos de capacitación que nunca realizaron.
El desorden era tan generalizado que el Ministerio Público señala que la cárcel Nueva Victoria se construyó en terrenos que tenían dueños que hoy reclaman haber sido despojados de sus propiedades.
Ahora que se lleva a cabo la Operación Medusa, donde se acusan a los presuntos responsables de encabezar una asociación de malhechores que para distraer fondos del Estado cometieron múltiples actos delictivos, es el momento propicio para abogar por que las investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias, porque definitivamente, las prácticas corruptas deben ser castigadas en la administración pública.
Y como espera el pueblo, quienes caigan por corrupción deben entregar -hasta el último centavo- que se hayan robado. Sólo así se podrá hablar de una verdadera justicia en la nación dominicana.
VERGÜENZA AJENA…
Editorial de Peravia Noticias Viernes 02 julio 2021
