Luego de más de dos meses de reuniones y discusiones continuas, los miembros de la Comisión Bicameral han logrado aprobar más del 90 por ciento de los artículos que tiene el proyecto de ley de partidos políticos. Un avance trascendente, ya que la aprobación de la ley que ha de reglamentar el funcionamiento de las organizaciones políticas en el país es un viejo reclamo que se encuentra en la agenda del Congreso Nacional desde hace más de 12 años.
Sin embargo, los culpables del largo peregrinar que han seguido todos los proyectos hasta ahora sometidos, son los mismos partidos que inciden en el Congreso. Las entidades políticas, según la Constitución de la República, tienen la responsabilidad, entre otros fines, de garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, respetar el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. Obviamente, estos enunciados sólo se podrán materializar cuando sea aprobada la ley.
Pero qué ha pasado que llevamos años postergando su aprobación? Por qué los partidos políticos del sistema no logran ponerse de acuerdo en temas puntuales que de ser aprobados permitirían devolver credibilidad al ejercicio político? Son sólo preguntas que se hace la Generalidad de un pueblo que desea despertar con la grata noticia de que los partidos y agrupaciones políticas cuentan con una ley que los regule y supervise.
El presidente de la cámara de diputados, afirmó que su Partido, con mayoría ante el Congreso, estaba decidido a conocer y aprobar la referida ley, y que para tales fines se habrá de reunir el Comité Político. Bajo esa premisa podemos sentenciar que se podrían castrar las aspiraciones fundamentales de la mayoría de los ciudadanos que propugnan por una ley que garantice la equidad en la participación para optar por candidaturas, que respete los procesos de selección interna de los candidatos mediante padrones cerrados de militantes inscritos, tal como está consignado en la Carta Magna.
Justo ahí está el tranque, ya que los tradicionales beneficiarios del trasiego de votantes son los mismos que conocen el manejo clientelar que impone candidatos sin respaldo social. Si así se pretende aprobar la ley de partido en la República Dominicana, será una ley decorativa que en nada contribuirá a sanear el sistema de partidos políticos.
