BARCELONA. La declaración de independencia catalana “se podría producir” el lunes, en el primer pleno del Parlamento catalán después del referéndum catalogado como inconstitucional por Madrid, dijo a la AFP una fuente del gobierno regional.
Los partidos independentistas convocaron un pleno parlamentario para el lunes, para analizar los resultados de la votación, marcada por la violencia policial para impedirla. “En función del desarrollo del pleno, se podría producir la declaración de independencia”, explicó esta fuente.
El pleno del parlamento fue convocado a las 10H00 (08H00 GMT) y en él comparecerá por tiempo ilimitado el presidente regional, el independentista Carles Puigdemont, “para valorar los resultados del (referéndum) del 1 de octubre y sus efectos”, señaló en su cuenta de Twitter el parlamento catalán, dominado desde 2015 por los independentistas.
La facción más radical del independentismo, el partido de extrema izquierda CUP, sostuvo que “será un pleno de proclamación de la República”, dijo su diputada Mireia Boya en rueda de prensa. Aunque la coalición regional de gobierno no quiso confirmar que así sea.
El gobierno catalán dio por ganado el referéndum de autodeterminación celebrado el domingo, marcado por la violencia policial para cerrar los colegios electorales y los numerosos problemas logísticos de la votación, prohibida por el Tribunal Constitucional.
Según las cifras ofrecidas por el ejecutivo de Puigdemont, la participación fue del 42,3% en un censo total de 5,3 millones de personas, de las que 2,02 millones (90%) votaron a favor de la secesión.
El gobierno español de Mariano Rajoy quiere impedir esta declaración, que genera inquietud internacional y económica.
El mismo rey Felipe VI llamó a “asegurar el orden constitucional” en esta región, con su sociedad dividida sobre la independencia.
Para la oposición parlamentaria, contraria a la secesión, el pleno no se puede celebrar por ser ilegal.
“El gobierno y la mayoría independentista quiere situar a las instituciones catalanas fuera de la ley”, denunció la portavoz del partido socialista catalán, Eva Granados, anunciando un recurso al Tribunal Constitucional.
