Durante la llamada Era de Trujillo el pueblo dominicano vivió la crudeza de la represión política que coartaba el derecho a la libre militancia. Para la época sólo estaba permitido pertenecer a un partido, y quienes se declaraban contrarios al régimen, corrían el riesgo de transitar el camino del destierro, la cárcel o la muerte. Ni hablar de las persecuciones salvajes a las que estaban sometidos los señalados enemigos del gobierno.
Por fortuna, el derrocamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, permitió construir las bases de lo que exhibimos como democracia. Contamos hoy con un sistema de partidos políticos que se disputan cada cuatro años la administración del estado en procesos electorales. Sin embargo, aunque es mucho lo que hemos avanzado, todavía persisten como manchas del pasado, las acciones desbordadas de individuos que conciben el Estado como un “botín de guerra” que debe ser asaltado. Así llegan a los cargos públicos, algunos ciudadanos, que se creen dirigentes del partido único, y fuera del redil partidario, para ellos nadie tiene derecho a merecer un salario.
En sociedades modernas, donde se ha superado la etapa medieval, para desempeñar un cargo en cualquier dependencia del Estado sólo se requiere la condición de ciudadano. Es deprimente, y a la vez inhumano, que hasta para cocinar en una escuela pública, una humilde ciudadana sea rechazada y conminada a abandonar el recinto educativo, bajo el alegato de no pertenecer al partido: Una mala herencia del trujillismo que reniega de la Constitución y las leyes que sustentan nuestra democracia, porque el derecho al trabajo está consignado en la Carta Magna un derecho que no está limitado para los militantes de un partido.
Impedir que alguien cumpla la función de trabajo para la cual fue nombrado, es una flagrante violación a la Constitución y un irrespeto a la dignidad humana.
De ahí la necesidad de impulsar la ley de servicio civil y carrera administrativa, para que la politiquería no continúe maleando al Estado dominicano.
