Justo es lo que está ocurriendo en la República Dominicana, donde la voracidad fiscal se ha desbordado, llegando a extremos insospechados. Y es que en ninguna nación del hemisferio se han implementado tantas modalidades de impuestos para grabar a ciudadanos dedicados al comercio.
La situación es más que alarmante, ya que por cada cien pesos producidos, treinta van a parar al fisco, teniendo los comerciantes que disponer del restante para solventar gastos de personal, pagos por consumo de energía eléctrica, por agua potable, recogida de basura, teléfono y hasta por rentar el local. Esto, sin contar los gastos colaterales que se agregan para estrechar aún más la maltrecha economía de miles de hombres y mujeres que abren las puertas de sus negocios con la esperanza de aportar al desarrollo nacional.
Ahora la Dirección General de Impuestos Internos, con la imposición de las llamadas soluciones fiscales, donde los pequeños, medianos y grandes negocios tienen que instalar las impresoras dispuestas por el gobierno, con la salvedad de que sólo pueden ser adquiridas de una marca en específico, y que debe operar con 24 horas de energía eléctrica, ya que si deja de funcionar se deben paralizar las operaciones comerciales, es más que una solución, un problema que pone en riesgo la estabilidad del comercio.
Sin embargo, lo peor es que si una de las máquinas impresoras dejara de funcionar, los comerciantes sólo podrán llamar a técnicos certificados por la DGII, ya que sólo ellos están facultados a reparar las impresoras fiscales, teniendo que paralizar las ventas hasta que no se corrija el problema.
Para hacer historia, recordamos que el modelo de impresoras fiscales fue traído al país desde Chile, donde no es obligatorio el uso de esta modalidad de recaudación fiscal, ya que es opcional. Sin embargo, los estrategas recaudadores del gobierno, pretenden imponer un sistema ultra avanzado para países que no cuentan con un servicio energético que responda a los requerimientos de las máquinas que desean instalar.
De ahí la oposición manifiesta de la Federación Dominicana de Comerciantes, entidad que convocó ayer en esta ciudad a los comerciantes de las provincias de Azua, Ocoa y Peravia a una reunión donde según se supo de manera extraoficial, en las próximas horas podrían estar anunciando el cierre del comercio, ante la andanada de multas y notificaciones, y por la velada amenaza de cierres de negocios que se avecina. Y no es que los comerciantes se nieguen a pagar impuestos, porque de hecho están cumpliendo con su deber.
Es que la mal llamada solución fiscal no está a la altura de la realidad nacional, algo que lo deben saber las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos. Ojalá que la intransigencia de los funcionarios recaudadores del gobierno no conduzca al cierre indefinido del comercio. La Unión de Comerciantes de la Región Sur convocó ayer a sus miembros y lo que se espera no es nada halagüeño.
Este medio informativo se ha hecho eco de denuncias de atropellos a pequeños comercios, que hoy están a punto de cerrar sus puertas por la desmedida voracidad fiscal de quienes en vez de estimular la apertura de nuevos negocios, mantienen a los que aún existen, en un constante acoso.
