SANTO DOMINGO. El ocultamiento o dilación en la entrega de informaciones oficiales sobre asuntos públicos por parte de instituciones del Estado ha sido objeto de críticas e incluso de llamados como el que hace poco hizo la Sociedad Dominicana de Diarios a los funcionarios del Gobierno y su poca accesibilidad a la prensa.
Por ello instituciones como la Policía Nacional o el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) han sido cuestionadas acerca de su papel frente a la prensa y el ofrecimiento de informaciones precisas sobre determinados sucesos.
Al analizar estas políticas de comunicación, el politólogo y experto en seguridad, Daniel Pou, advierte que cualquier tipo de directriz que tienda a evitar la publicación de informaciones cuantitativas sobre situaciones trágicas o lamentables va en desmedro de la percepción de inseguridad o violencia que tiene la sociedad.
“Es el resultado de una carencia de políticas de seguridad pública y de seguridad ciudadana”, expone Pou, sobre la posible génesis de este tipo de acciones coercitivas al flujo de información desde el sector oficialista.
Explica que la información precisa y a tiempo puede incluso ayudar a ciudadanos a prevenir acciones delictivas en su contra por parte de grupos criminales o personas desaprensivas.
El politólogo advierte, además, que la falta de informaciones oficiales crea un “gran nicho” de especulación en las redes sociales que pueden llegar a magnificar o distorsionar hechos específicos.
“Las cifras de victimización por diferentes causas ya sean accidentes de tránsito, riñas, actos delictivos son parte del derecho de información que tiene la ciudadanía que en todo Estado moderno se garantizan a través de los medios de comunicación como una manera de edificar”, plantea Pou.
Al respecto, la Constitución de la República en su artículo 49 garantiza el derecho de los ciudadanos a investigar, recibir y difundir información de carácter público a través de los canales que entiendan pertinentes. El mismo derecho se extiende a los medios de comunicación.
