SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, conocerá mañana el pedido de ampliación de plazo hecho por el Procurador General de la República para presentar acusación en el caso Odebrecht.
En la audiencia, prevista para las 10:00 de la mañana, los abogados de Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga, Víctor Díaz Rúa, Juan Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Máximo D’Oleo, César Sánchez, Bernardo Castellanos de Moya, Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín y Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria, debatirán junto a los fiscales los argumentos de Jean Alain Rodríguez en su requerimiento.
Ortega Polanco deberá definir si tiene o no mérito, el pedido de Alain Rodríguez, quien afirmó que se hace difícil reconstruir los hechos materiales de los sobornos pagados por Odebrecht en República Dominicana, así como el lavado de activos en que habrían incurrido los 14 imputados por el caso.
Dijo que el Ministerio Público requiere un plazo razonable y legal para poder completar la investigación de los hechos “que se han tornado por las circunstancias que los rodean de difícil reconstrucción material… en aras del descubrimiento de la verdad”.
Alain Rodríguez explicó, además, que espera la respuesta de las autoridades de Brasil, Estados Unidos de Norteamérica, Antigua y Barbuda, Panamá, Argentina, Bahamas, Barbados, España, Islas Vírgenes, entre otras, a las cuales se han solicitado información a través de la cooperación jurídica internacional.
En los documentos anexos a su solicitud hace constar que solicitó a Argentina, Panamá y España informes sobre productos financieros de los imputados así como de hijos, yerno, esposas, hermanos, parientes o allegados a ellos.
Las solicitudes incluyen a 34 personas y 51 empresas vinculadas a los procesados por los US$92 millones que admitió haber pagado la constructora en República Dominicana entre el 2001 y el 2014.
Otro de los elementos con los que el Procurador justifica su solicitud, tiene que ver con nueve propuestas de diligencias procesales solicitadas por el empresario Rondón Rijo, quien es señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
