Paradójicamente, todos asumimos en el discurso que amamos, protegemos y defendemos la vida. Lo hacen las autoridades, como garantes de los preceptos constitucionales, los políticos en sus afanes de conquista, y hasta los artistas por una cuestión de imagen. Sin embargo, lo menos que apreciamos son acciones concretas dirigidas a proteger la vida de los seres humanos.
Es evidente que desde el Estado son escasas las políticas que persiguen desmontar los riesgos de accidentes en las carreteras y avenidas del país. De hecho, a modo de ejemplo miremos como fue entregada la carretera Sánchez, donde sólo el cruce de Pizarrete responde a los criterios de protección, mientras en comunidades como Catalina, en la entrada hacia El Carretón, ven morir a diario a muchos seres humanos, que son arrollados por conductores imprudentes.
Lo mismo ocurre en Paya, y en el trayecto hacia Escondido, donde las muertes se han incrementado por falta de espacios habilitados para el tránsito de peatones. Ahora que por la presión de los comunitarios se está construyendo un puente peatonal para evitar las muertes de personas tratando de cruzar la peligrosa vía, es el momento oportuno para pensar en los tramos donde con más frecuencia se pone en riesgo la vida.
Ya está bueno para seguir contando pérdidas de vidas útiles. Pero así observamos las actitudes de autoridades que se hacen de la vista gorda ante los violadores de las señales de tránsito, otros que miran con indiferencia los ruidos y escándalos que se originan en las calles, otros que en el ejercicio de sus funciones contemplan los vehículos parqueados sobre las aceras y hasta saludan a quienes manejan en vía contraria. Oh y ahora quien podrá ayudarnos.
