SANTO DOMINGO. Las mujeres volvieron ayer a manifestarse nueva vez frente al Congreso Nacional para exigir a los legisladores la despenalización del aborto, mientras la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados se prepara para rendir un informe que castiga la interrupción del embarazo.
La comisión volvió a rendir un informe “reiterativo” de su posición durante más de una década en lo referente al castigo del aborto con tres años de prisión a quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o por cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo, según el diputado Henry Merán, presidente de la comisión.
En el informe se recomendó al pleno la inclusión de un eximente en el artículo 110 que plantea lo siguiente: “La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible”.
“Aprobamos el Código Penal sin las causales como establece el artículo 37 de la Constitución de la República”, justificó Merán, al ser consultado sobre las consideraciones de la Comisión de Justicia respecto a este proyecto de ley que se inició en el Congreso en 1997, sin que haya podido ser sancionado.
Ayer martes, un grupo de representantes de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres acudió de nuevo al Congreso para exigir a los legisladores la despenalización del aborto cuando se trate de incesto o violación, en caso de que la vida de la madre esté en peligro o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
“La penalización de la interrupción del embarazo en todas las circunstancias pone en peligro la vida y la salud de niñas y mujeres más pobres que no pueden acceder a servicios de aborto seguro”, advirtió Linabel González, de la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal.
En la Comisión de Justicia
Las conclusiones del informe de la Comisión de Justicia, que aún no han sido puestas en agenda para ser conocidas por el pleno de la Cámara de Diputados, establecen que fueron fusionados tres proyectos del Código Penal de los cuales se tomó como base la iniciativa 05502-2016-2020-CD del diputado José Luis Cosme.
Los dos proyectos restantes, son uno del diputado Hamlet Sánchez Melo y otro de la diputada Magda Altagracia Rodríguez.
En el caso de la iniciativa de la diputada Rodríguez, se contemplaba la interrupción del embarazo por violación, rapto o incesto, así como por malformación congénita del feto.
A juicio de la Comisión Permanente de Justicia esta podría contener “valoraciones de carácter constitucional que podrían no garantizar razonable y oportunamente su aprobación en ambas cámaras legislativas”.
Por ello, la comisión ponderó que los argumentos de las tres causales “sirvan de contenido normativo para la elaboración de una legislación especial que permita incorporar un enfoque constitucional alternativo” que condujera a un punto consenso.
¿Quienes votaron?
El informe fue firmado por 12 de los 15 miembros de la Comisión de Justicia, de la que apenas cuatro miembros son mujeres.
En favor del informe votaron los diputados Henry Merán, Alexis Jiménez, Cristóbal Castillo, Demóstenes Martínez, José Luis Cosme, Carlos Guzmán, Manuel Espinosa, María Marmolejos, Radhamés Fortuna, Darío Zapata, Graciela Fermín y Pedro Botello.
Mientras que los diputados Faride Raful, Olfalida Almonte y Víctor Suarez se abstuvieron de firmar.
El proyecto de ley de Reforma al Código Penal deberá ser puesto en agenda para su conocimiento en conjunto con el informe rendido por la Comisión de Justicia.
