En todas las sociedades democráticas los ciudadanos tienen derecho a protestar ante cualquier injusticia, por falta de servicios básicos o por las medidas que puedan afectar a los moradores de determinadas demarcaciones, como viene ocurriendo en el municipio de Matanzas, donde la población está reclamando de la Empresa Distribuidora de Electricidad en la región Sur (Edesur), que cesen las largas tandas de apagones que se registran en una comunidad que paga para recibir el servicio.
A la falta de energía eléctrica se agregan las altas facturaciones y el poco interés que muestran los encargados de la referida empresa para atender los reclamos de los usuarios del servicio eléctrico. De ahí la protesta pacífica realizada en el día de ayer en Matanzas, donde la presencia policial, lejos de contribuir a garantizar el orden, provocó el desorden, ya que sin necesidad alguna comenzaron a detonar bombas lacrimógenas y ráfagas de perdigones que impactaron a varias personas, mientras otras fueron apresadas.
Reconocemos que las autoridades están llamadas a preservar la paz y la seguridad de los ciudadanos, así como también para evitar daños a los bienes y propiedades. Sin embargo, cuando se trata de una protesta civilizada, donde los convocantes son los representantes de grupos comunitarios, religiosos y profesionales, más que la represión brutal y desconsiderada, merece ser respaldada por las autoridades.
Peravia Noticias, como medio de comunicación al servicio de los más sanos intereses de la población, reconoce el derecho que tienen los hombres y mujeres de Matanzas a reclamar de Edesur el suministro de energía eléctrica por el que están pagando. Ante la protesta la respuesta debe ser cumplir con brindar un mejor servicio. Si el derecho a protestar de forma pacífica está consagrado como un derecho fundamental entonces no podemos tolerar la represión policial, porque se presume que vivimos en un Estado democrático.
𝐃𝐞𝐬𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐥𝐚𝐧 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐡𝐮𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚; 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐧 𝟏,𝟖𝟑𝟓 𝐦𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬
Peravia, R.D. Las autoridades del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos,