La sociedad dominicana ha venido asumiendo como normal los antivalores que, décadas atrás, llenaban de vergüenza a los ciudadanos. Decir que un miembro de la familia había sido implicado en un hecho delictivo era uno de los peores estigmas, sobre todo, cuando el dedo acusador señalaba como ladrón a un individuo, eso bastaba para que fuera excluido de la sociedad. Hoy, las cosas han cambiado, hasta el punto de convivir con personajes que han desfalcado entidades del Estado y gozan del privilegio de pasear sus fortunas con el mayor descaro sin que autoridad alguna tenga la osadía de investigarlos.
La impronta de honestidad que heredamos, se queda como reliquia del pasado, en un país donde la clase política que administra los bienes del Estado tiene la habilidad de blindarse, escogiendo los funcionarios judiciales afines a sus intereses mercuriales. Y así los políticos cuentan con la Cámara de Cuentas, con las Altas Cortes, con jueces honorables y hasta con el favor de autoridades eclesiásticas que ruegan a Dios porque permanezcan “sacrificándose” en los cargos.
El descaro, cinismo y poca vergüenza cobran más fuerza en sociedades como la nuestra, donde los que se llevan los fondos del Estado se presentan como nobles ciudadanos. Y el pueblo sabe y comenta por lo bajo, los que están implicados en desfalcos, los que recibieron sobornos y los que sobornaron, los que cobran comisiones por levantar la mano, los que piden con chantajes para aprobar proyectos de cualquier naturaleza y otras indelicadezas que están cansando a los ciudadanos.
Lo mal que andamos en materia de justicia, la falta de respeto a los ciudadanos y los altos niveles de corrupción que se advierten en el gobierno, es producto de la misma actitud indiferente que muestra la población, como resultado de la frustración ante la ausencia de mecanismos institucionales que permitan llevar a la cárcel a los que se roban los bienes del Estado. Creemos que en cualquier país donde la justicia funcione de manera independiente, con el simple rumor de una sobreevaluación en la adjudicación de obras ya se habría producido una minuciosa investigación. Sin embargo, en la República Dominicana, donde todo es posible, se presentan datos importantes que delatan el pago de más de 39 millones de dólares por concepto de sobornos en Punta Catalina, y todo sigue como si nada hubiera pasado. ¿Será que la corrupción, cuando se trata de robar los bienes del pueblo no tiene consecuencias? Ojalá que alguien tenga la respuesta.
Familiares de joven acusado de asesinato en Baní defienden su inocencia
𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃.- 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐨 𝐉𝐨𝐞𝐥 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐏𝐞𝐧̃𝐚, 𝐚𝐜𝐮𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐫 𝐦𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐣𝐨𝐯𝐞𝐧 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 𝐁𝐚́𝐞𝐳 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, 𝐩𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐚𝐫𝐞𝐳𝐜𝐚 𝐞𝐥