Cuando la sociedad valora el trabajo pulcro de los ciudadanos que van a representarnos en organismos y dependencias del Estado, es casi imposible que a alguien se le ocurra arrojar dudas sobre la moral y el buen desempeño de sus funciones. Más que rumores infundados, el pueblo los presenta como paradigmas, dignos de ser imitados.
La realidad es que en los últimos años, salvo raras excepciones, quienes han ido a ocupar cargos públicos se han convertido en saqueadores de los recursos que debían ser destinados a generar el progreso del pueblo dominicano.
De ahí que, en cada cambio de gobierno, se escuche la consigna de llevar a la justicia a quienes han dilapidado los fondos públicos. Muchos, plantean que se trata de persecución política, mientras otros alegan la conveniencia de adecentar la gestión pública llevando a los políticos corruptos a la cárcel, despojándolos de las fortunas mal habidas que han acumulado a su paso por el Estado.
Es decir, no se trata de perseguir bajo el supuesto de que han robado, por el simple hecho de perseguir para desprestigiar a los funcionarios honestos que han servido con decoro al país.
Todo lo contrario, cuando se investiga y comprueba el hecho del cual ha sido acusado un determinado funcionario, no cabe el término de persecución, que no es lo mismo que perseguir al que sin escrúpulos roba al erario.
Desde esa praxis conceptual, debemos estar claros, entendiendo que es el rol fundamental de los representantes del poder judicial, actuar ante cualquier rumor que sugiera indicios de corrupción, sin temor a la acusación de persecución.
En la República Dominicana, por tradición, los que salen con las alforjas llenas, sin presentar declaración jurada de bienes, suelen hacerse las víctimas de quienes les apuntan con el dedo acusador. Sin embargo, en las últimas décadas, los políticos que se han cebado de los fondos públicos se las han ingeniado para evadir la justicia, con tal suerte, que en veinte años no contamos con un sólo corrupto encarcelado.
Ahora que se habla de cambio, que se plantea como norma de conducta una visión ética en la administración pública, el pueblo aspira a pasar de la palabra a los hechos, porque de lo contrario, detrás de la frustración puede venir lo peor.
