Los seres humanos tenemos la capacidad de razonar, pensar y discernir entre el bien y el mal. Sabemos lo que puede perjudicar y actuamos bajo el conocimiento de lo que estamos haciendo. Desde el ratero que carga con simples baratijas, hasta el corrupto desalmado que desfalca las arcas del Estado, saben que de ser enjuiciados merecen ser castigados. Esa es la razón que conlleva a organizar todo un entramado de corrupción que va acompañado de sobornadores y sobornados que tocan las instancias del Estado, la justicia, los medios de comunicación y las autoridades que están destinadas a velar por el cumplimiento de la ley.
Es así como las sociedades van transitando por caminos oscuros, asaltadas por corruptos que castran las posibilidades de desarrollo, cargando con los recursos del pueblo. Obviamente, el crecimiento acelerado de los índices de pobreza, con el endeudamiento externo, la marginalidad social y el desempleo, son las secuelas directas de quienes se roban los recursos del pueblo. El atraso social, el aumento de los productos básicos y la alta tasa de analfabetismo se deben en gran medida a los corruptos. Reconocer que existe un presidente de la República decidido a enfrentar ese flagelo dejando actuar la justicia, sin intervención de ningún tipo, es reconfortante. Sin embargo, lo que hace daño, espanta e indigna, es escuchar expresiones divorciadas del sentido común, como las emitidas por el expresidente de la República, Hipólito Mejía, en el sentido de que un expresidente no debe ser perseguido ni enjuiciado, bajo el criterio de que esto contribuye a desestabilizar el sistema democrático. De lo antes planteado podemos presumir que un presidente, a juicio del exmandatario, está por encima de la ley, predestinado a hacer y deshacer con la majestad del poder, sin que exista un régimen de consecuencias. Es decir, puede actuar a sus anchas, cargando con lo que le plazca, llenando las alforjas con los fondos del erario. A partir de esas desafortunadas palabras, creemos necesario abogar por la aprobación de la ley de extinción de dominio, para que el pueblo logre recuperar lo que se han robado los corruptos. No tiene sentido apresar al que ha sacado miles de millones de pesos del Estado y que no se recupere un sólo centavo.
Si no aprueban la ley de extinción de dominio, el pueblo será testigo de que la lucha contra la corrupción es un esfuerzo inútil.
