De nuevo la policía local es el epicentro de las críticas y los cuestionamientos por alegados abusos en contra de la población. Ahora la acusación proviene de un destacado profesional del derecho, el catedrático universitario, doctor Juan Aybar, quien aseguró que miembros de la uniformada se dedican a masacrar y abusar de los reclusos imputados de la comisión de algún delito.
Obviamente, acusar a la Policía Nacional es apuntar hacia una institución que ha sido objeto de ácidas críticas desde su fundación hasta la fecha. De ahí que en esta ocasión lo que más llama la atención es que el reconocido abogado acusa a altos oficiales de negar el derecho que tienen los abogados de conversar con sus clientes privados de libertad, aunque estos tengan una autorización del Ministerio Público.
Es decir, según Juan Aybar, la Policía local se niega a acatar la disposición emanada del Poder Judicial. Una acción que mueve a sospecha y merece la atención inmediata de las autoridades. Sin embargo, el jurista va más lejos al denunciar que la policía en Baní se dedica a extorsionar a los internos, a quienes sacan en horas de la madrugada para presionarlos exigiéndoles la entrega de altas sumas de dinero. En ese sentido, hizo referencia de clientes a los cuales le exigieron el pago de 300 mil pesos para que pudieran “salir bien” de sus respectivos casos.
En su narrativa, el doctor Juan Aybar se refirió a otro de sus defendidos, que estando detenido le están solicitando la entrega de 150 mil pesos, bajo la amenaza de que si no lo hace le harían otro expediente. Estos casos se repiten de manera recurrente sin que las autoridades actuales se den por enteradas, según lo denunciado.
Partiendo de esa realidad, entendemos urgente la intervención del Director de la Policía Nacional, General Alberto Then, para que ponga orden y control en la comandancia regional de la Policía Nacional, ya que esta grave denuncia amerita una respuesta precisa y contundente. Por lo menos eso es lo que merecemos. De igual forma, creemos necesario que el Ministerio Público asuma su rol como garante de los derechos de los internos. Si la policía local ha montado un negocio de extorsión y chantaje con fines lucrativos, es más que necesario erradicar de manera definitiva la maquinaria corrupta que, según la denuncia, mantiene en zozobra a quiénes por desgracia se cruzan en su camino. Alguien tenía que decirlo. Y lo dijo, el doctor Juan Aybar. Ojalá que el senador, los diputados y la gobernadora provincial pongan sus ojos en la policía local.
