Toda acción que se considere fuera de la ley conlleva sanciones penales. Eso es lo que se espera, por lo menos, en sociedades que cuentan con normativas Jurídicas claras, donde impera el dicho de “quien la hace la paga”
Cuando los ciudadanos advierten que las autoridades incumplen el sagrado deber de impartir justicia y se muestran permisivas, van asentando en la psiquis del individuo la cultura del irrespeto que se generaliza hasta convertirse en un cáncer social de consecuencias impredecibles. Contar con un sistema de justicia con estricto apego al cumplimiento del derecho es fundamental para avanzar en el camino del afianzamiento del clima de paz que requiere la humanidad. Es a partir de esa praxis conceptual, que debemos resaltar las sentencias dictadas en los últimos meses por los tribunales de Atención Permanente del país, donde imponen medidas de coerción a 15 individuos que fueron acusados de suplantación de identidad y falsificación de documentos del registro civil. Casos como esos eran denunciados por los ciudadanos afectados pero en la mayoría de los casos no llegaban a los tribunales. Son muchas las historias de personas que han presentado problemas a la hora de procurar obtener su cédula porque ya un delincuente suplantó su identidad. Fue por esos motivos que la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Junta Central Electoral, realizaron un operativo de captura y condena a los forajidos que se dedican a esa acción delictiva. Sin embargo, llama la atención que de los 15 apresados por vulneración de identidad, tres sean dominicanos y 12 haitianos. Otras cuatro personas ya han sido condenadas por esos delitos, con dos a cinco años de prisión, y las restantes dos, a tres años, según los datos aportados por el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo. Para nadie es un secreto que en el país existen redes que se dedican a suplantar identidad, así como también a falsear documentos, dando como resultado decenas de arrestos.
Lo que para muchos resulta jocoso, se convierte en un dolor de cabeza para los afectados. Ver a un nacional haitiano con un apellido Hernández, Brugal, Mirabal, Jiménez, Fernández, entre otros igual de sonoros, debe ser motivo de alerta para las autoridades, ya que es casi probable que estén suplantando la identidad de un ciudadano dominicano que ni remotamente se da por enterado. Claro está, en el caso de los ciudadanos dominicanos, cuando falsifican y vulneran documentos de identidad, es con el propósito de esconder otros hechos criminales. De ahí que estos casos merecen ser investigados para desmantelar las redes delincuenciales que van causando daños en todo el territorio nacional.
Abogamos por sanciones duras y contundentes contra estas mafias que alteran la paz y el sosiego de las familias. Son varios los casos de estudiantes que cuando van a obtener su cédula de identidad, despiertan con la información de que han sido objeto de suplantación de identidad. Y esto no se debe tolerar en ningún lugar.
