Todo lo que atente contra la vida humana debe ser rechazado. El Estado está llamado a garantizar la seguridad de los ciudadanos, articulando políticas de prevención y persecución de los delitos que se constituyen en riesgos para la población.
Sin embargo, es altamente peligroso que entre las modalidades de hechos delictivos se encuentre uno que puede ser definido como un acto de terrorismo.
Y es que de sólo pensar en las miles de muertes que puede causar es suficiente para emitir una condena ejemplar. Se trata de los responsables del negocio de medicamentos falsificados, una banda de delincuentes organizados que viene operando en la República Dominicana, causando estragos.
Ahora que despertamos con la noticia del decomiso de más de un millón de pastillas falsificadas para controlar la presión sanguínea y el dolor, se hace necesario demandar castigo para los responsables del entramado criminal que se dedica a esta abominable acción.
Adulterar y falsificar medicinas es un vil atentado contra la vida, y como tal debe ser castigado.
Es por ello que nos sumamos a las voces que se han levantado en reclamo de que los culpables sean identificados, detenidos y acusados ante la justicia para que reciban el castigo que demanda la sociedad. Está bueno ya de escuchar por los medios de comunicación el desmantelamiento y decomiso de equipos utilizados por forajidos que luego se pasean por las calles sin recibir castigo.
Obviamente, el látigo de la justicia debe alcanzar a las redes delictivas que abarcan a quienes la falsifican y la comercializan, y más allá a quienes encubren y se lucran de las bandas mafiosas que se dedican a ese ilícito negocio.
El decomiso de los medicamentos falsificados para la presión se produjo en varias provincias del país, y se conoce del desmantelamiento de otros laboratorios para la falsificación de fármacos similares. Una acción que delata la magnitud de un problema que amenaza a todo el sistema de salud, así como también a la economía y el derecho a una vida digna.
Ojalá que las autoridades competentes actúen de manera urgente, dando con los delincuentes responsables de un negocio que se desplaza entre las sombras para destruir la vida de las personas, porque consumir un medicamento que no tendrá ningún efecto en el ser humano, es un pasaje hacia la muerte. Y más que un engaño debe ser considerado como un acto criminal y salvaje que debe ser castigado con la pena máxima.
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𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃. 𝐄𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐝𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐁𝐚𝐧𝐢́, 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐁𝐚́𝐞𝐳, 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐬𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨