Son muchas las sospechas, rumores y comentarios sobre las artimañas de facinerosos propietarios de estaciones de ventas de combustibles que abusan de los clientes. Y lo hacen descaradamente, estafando de múltiples formas, violando las normas para incrementar sus ganancias en detrimento de quienes visitan esos establecimientos.
La denuncia no es nueva. La hemos escuchado en muchas ocasiones, donde clientes se sienten estafados pero no encuentran cómo demostrarlo.
Es así como valoramos el trabajo que viene realizando el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, quien acaba de revelar que esa entidad ha cerrado durante su gestión más de un centenar de dispensadores de estaciones de gasolina y Gas Licuado de Petróleo, que despachaban el combustible por debajo de la cantidad que pagaban los consumidores.
Según Alcántara, solamente en el día de ayer detectaron en una bomba de gasolina, siete dispensadores alterados, de una cantidad de catorces que tiene instalado el establecimiento de expendios de combustibles, por lo que de inmediato se aplicaron las sanciones pertinentes en contra del propietario, por atentar contra los intereses económicos de los ciudadanos que abastecían sus vehículos de combustibles en esa estación. Sin embargo, a pesar del reconocimiento por tan loable esfuerzo, sería oportuno preguntar el por qué Pro Consumidor nunca revela el nombre ni la ubicación del establecimiento. Tampoco se presentan imágenes donde salga a relucir el rostro del propietario, como tampoco se indica cuál es el tipo de sanción establecida. Está bueno ya de tratar como empresarios a estafadores millonarios que castigan a los ciudadanos.
Ojalá que los operativos de supervisión se realicen en todos los rincones del país y puedan llegar aquí, al municipio de Baní, donde también existen rumores de alteraciones en plantas de expendios de Gas Licuado de Petróleo. Es decir, el gas de cocinar que también utilizan conductores de vehículos.
Está claro que todos los establecimientos deben ser supervisados por expertos en estos tipos de fraudes, porque para eso contamos con empleados al servicio del Estado.
Estamos cansados de ver cómo los ciudadanos son estafados por personas insaciables que quieren incrementar sus fortunas a costa de quienes utilizan los servicios que ofrecen en sus establecimientos. Es preocupante que esos infractores de la ley roben a sus anchas, y que una vez descubiertos gocen del privilegio de ocultar sus rostros con la complicidad de las autoridades que están supuestamente para desenmascararlos.
Entre tanto, vamos a exigir a Pro Consumidor, que caiga de sorpresa por las estaciones gasolineras y por las plantas de expendios de gas propano, para que de una vez y por todas se protejan los bolsillos de los ciudadanos.
