En las sociedades democráticas, donde se respetan las normas constitucionales, los ciudadanos tienen derecho a optar por funciones electivas en igualdad de condiciones. Es decir, con las mismas posibilidades, sin injusticias ni privilegios que puedan alterar los procesos de selección. Y es que el principal fundamento de la democracia es la participación. Sin embargo, en países como el nuestro, donde los preceptos constitucionales son ignorados, para dar paso a subterfugios Jurídicos que limitan el poder del pueblo, encontramos que el derecho a aspirar a un cargo de elección popular está limitado a los partidos políticos, como dueños absolutos de la facultad institucional de presentar a los candidatos. Obviamente, si dichas escogencia se hiciera de forma abierta, libre y transparente, nadie osara cuestionar la organización de los referidos procesos. La realidad es que a lo interno de los partidos políticos contamos con individuos que procuran ocupar cargos públicos por la fuerza de los señalamientos. Son esos los que se despachan en procura de que se reserven sus candidaturas, con el descaro de presentarse como líderes democráticos. Ahora que estamos en un año preelectoral, donde nos aprestamos a observar el desempeño institucional de los partidos, con miras a seleccionar los candidatos que optarán por cargos de elección popular, hay que estar atentos, sigilosos, vigilando los movimientos de individuos que desde ya se frotan las manos, tocando puertas de funcionarios, con el despropósito de buscar el señalamiento de los todopoderosos dueños de los partidos políticos.
En la provincia Peravia comenzamos a escuchar el mismo rosario, con actores conocidos que dentro de los partidos desean participar solos, sin adversarios políticos internos. Ojalá que los de arriba, los que están en la cabeza de los partidos políticos, respeten el principio sagrado de la democracia, porque el pueblo está vigilando.
