Obrar con transparencia se define como el deber de todo gobierno a informar, rendir cuentas y poner a disposición de los ciudadanos la información pública. Es un valor fundamental para la estabilidad democrática porque en la medida que abrimos las puertas de las entidades estatales, la ciudadanía podrá observar y opinar con la certeza de contar con datos precisos y confiables. Cuando los funcionarios públicos actúan con transparencia hay mayor garantía de cumplimiento porque todos pueden dar seguimiento al programa de gobierno que juró desarrollar en un tiempo determinado. En otras palabras, la transparencia permite a los ciudadanos evaluar las obras para determinar que han sido construidas con la calidad requerida. Es actuar con la mayor claridad, como un libro abierto, dispuesto a ser leído por quienes desean adquirir nuevos conocimientos. Y es que la transparencia es un derecho fundamental de las personas, un instrumento de participación ciudadana que genera y fortalece los mecanismos de inclusión social y, sobre todo, es la vía que permite a los ciudadanos conocer el destino y uso de los recursos públicos. La lucha de los pueblos en los últimos años ha sido precisamente para alcanzar transparencia en las operaciones financieras, en los procesos de toma de decisiones y en las ejecuciones de obras. Y todo por las modalidades de estafas al erario que a menudo cometen los funcionarios públicos. Todo esto cobra fuerza con los escándalos de corrupción y la falta de credibilidad del sistema judicial que lleva a los ciudadanos a dudar del manejo administrativo de quienes están al frente de entidades públicas. De ahí la importancia de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Una conquista de los ciudadanos que obliga a los servidores del Estado a dar información clara, comprensible, sin adornos ni maquillajes que puedan generar duda. Sin embargo, lo que realmente necesitamos, es que el pueblo asuma la cultura de la transparencia, que adquiera conciencia y discernimiento para entender que los políticos que ocupan cargos en el Estado son empleados del pueblo y están obligados por mandato de la ley a rendir cuentas de sus actos, porque ser transparente es hablar claro con la gente, expresando la verdad sin ocultar nada a los ciudadanos. Este valor debería ser obligatorio para cualquier tipo de organización, ya que asegura que no se produzca ningún acto de corrupción.
Quienes ocupan posiciones de gerencia y administran recursos del Estado, deben aceptar las críticas de los ciudadanos como una oportunidad para demostrar que cada una de sus actividades, ya sean relacionadas con las compras de bienes y servicios, al igual que las operaciones contables, fiscales y de recursos humanos han sido pasadas por el colador de la ética como garantía de responsabilidad social.
Visto así, la transparencia aumenta la confianza y eleva la imagen de la gestión pública, al tiempo que devuelve la confianza y la credibilidad en el ejercicio de la política.
