No se trata de una pregunta en el aire, sin fundamento ni criterios de ponderación. Es la gran interrogante que nos hacemos cuando evaluamos los alcances de las políticas de persecución de la corrupción. Y es que en la República Dominicana, a juzgar por los resultados, los ciudadanos se muestran defraudados por un sistema judicial -que ha sido un fiasco- a la hora de dictar sentencia cuando los acusados son señalados como corruptos. La historia de la administración pública cuenta decenas de casos que delatan la fragilidad de la justicia sin importar la reciedumbre moral de quien esté al frente de la Procuraduría General de la República. La realidad es obvia. Hemos visto enjuiciar y condenar a ex presidentes de la República en países de este continente, mientras que en el nuestro, los saqueadores de los fondos públicos salen orondos de los expedientes, exhibiendo fortunas exorbitantes que no resisten la más mínima investigación para determinar que provienen de la corrupción. Lo cierto es que el presente gobierno ha mostrado la intención de defender los fondos del Estado, colocando en los organismos de persecución y ejecución a ciudadanos de nobles ideales, pero se perciben escollos procesales que se constituyen en retranca para el avance en los casos conocidos. Vamos para cuatro años consumiendo especies marinas como pulpos, calamares, medusas y corales, sin olvidar los Tucanos, Odebrecht y Sun Land, cuyos resultados llevan a pensar en los tentáculos que mueven los corruptos para escapar de la justicia. Hoy despertamos con la noticia del apresamiento de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusado por el posible delito de lavado de activos, según informó la fiscalía. Lo anterior ha ocurrido en otras latitudes del hemisferio donde han caído líderes políticos, funcionarios y personajes de altos rangos. Aquí en el país, por el contrario, recordamos la célebre frase pronunciada por un presidente de la República -de triste recordación- donde muelas al aire le dijo al entonces Procurador General de la República, doctor Virgilio Bello Rosa: “A un ex presidente no se toca” como si los mandatarios que van a la administración pública adquieren patente de corso para saquear los fondos destinados al desarrollo de la nación dominicana. Ojalá que un día los ciudadanos de la patria de Duarte puedan contar con un sistema político y judicial que cumpla con el deber de respetar las leyes y la Constitución, pero sobre todo, que sientan amor por la nación.
Porque si en otros países imparten justicia “caiga quien caiga” sin importar linajes, razas y abolengos, creemos que estamos a tiempo de comenzar por la parte más ancha donde reposan los intocables. Mientras tanto, el pueblo está esperando.
