La respuesta es clara. Todos la saben. Los culpables de las estafas desde las cárceles son las autoridades. Y aunque los reclusos son los protagonistas principales es evidente que los villanos son los que permiten la entrada de equipos tecnológicos a centros penitenciarios que se presume están vigilados y controlados por las autoridades. No hay que ser mago para adivinar la forma en que los reclusos logran entrar celulares, armas, drogas y sofisticados equipos, incluyendo antenas parabólicas. Sin embargo, mientras escuchamos cientos de denuncias de estafas, el Estado tiene que invertir millones de pesos para bloquear señales y combatir delitos cibernéticos perpetrados desde las cárceles. Ya hace unos años fueron erogados más de 800 millones de pesos para impulsar un proyecto similar que llegó a fracasar porque supuestamente fue saboteado por los propios internos. Esa fue la explicación ofrecida por las autoridades. De ahí que nos preguntemos, cómo pueden los reclusos sabotear equipos sin contar con la mano “amiga” de sujetos uniformados. A todas luces existe un entramado mafioso para estafar a los ciudadanos. Ahora el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL acaba de destinar 300 millones de pesos para combatir los delitos cibernéticos en las cárceles del país, y para tales fines acaba de informar sobre la disponibilidad de los fondos a la Procuradora Miriam Germán. Ojala que en esta ocasión el plan logre prosperar. Obviamente, la primera señal que debemos bloquear es la falta de conciencia de quienes tienen la tarea de vigilancia en los centros penitenciarios, los mismos que suplen, colaboran y sustentan esas redes mafiosas, los que sin moral ni decoro permiten la entrada de armas y drogas, los que sin pudor ni vergüenza deshonran el uniforme y las instituciones que representan. Esos, mediante un exhaustivo proceso investigativo debían estar recluidos en celdas de máxima seguridad.
Reconocemos los esfuerzos del presidente del INDOTEL, doctor Guido Gómez Mazara, para impedir que se cometan estos delitos desde las cárceles mediante el uso de teléfonos celulares, un problema que ha tenido un impacto nocivo en la seguridad nacional. Claro está, hasta el más incauto de los ciudadanos pudiera pensar que el bloqueo de señal podría fracasar si continuamos con el mismo modelo de seguridad que acuña como lema “dejar entrar, dejar pasar”
Y no es que seamos pesimistas, es que pisamos sobre la realidad. Y la realidad indica que debemos formar en valores éticos y morales a los ciudadanos que cumplirán la tarea de vigilar los centros penitenciarios, porque de lo contrario, estaremos invirtiendo pólvora en garza.
