𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃.
𝐄𝐥 𝐏𝐑𝐌 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐨́ 𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐚𝐧𝐭𝐢́𝐝𝐨𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐥𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨. 𝐒𝐢𝐧 𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫𝐠𝐨, 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧, 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐮𝐜𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐚́𝐧𝐝𝐚𝐥𝐨𝐬, 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐡𝐚 𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨.
La llegada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al poder en 2020 estuvo cargada de una promesa poderosa: poner fin a la cultura de impunidad que por décadas había corroído la administración pública dominicana. Con un discurso centrado en la ética, la transparencia y la independencia del Ministerio Público, el nuevo gobierno se presentó como el guardián del patrimonio estatal. Sin embargo, seis años después, la acumulación de escándalos, investigaciones penales y condenas judiciales ha ido desmontando ese relato, dejando a la ciudadanía atrapada en una incómoda sensación de engaño.
El caso más reciente, y quizás uno de los más simbólicos por su carga moral, es el que sacude al Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA). Las denuncias contra su rector, Rafael Féliz García, por el presunto cobro de un “diezmo” del cinco por ciento a empleados de la institución, han generado una profunda indignación.
No se trata únicamente de una irregularidad administrativa, sino de la utilización de una entidad académica del Estado como herramienta de control político y financiamiento personal.
Pero el ITLA no es un hecho aislado. Uno de los fraudes más bochornosos, es el caso SENASA.
El Seguro Nacional de Salud, pilar del sistema de protección social y única garantía médica para millones de dominicanos pobres, pasó de ser símbolo de inclusión a escenario de presuntas prácticas corruptas. Las denuncias e investigaciones sobre irregularidades administrativas, uso indebido de recursos y manejos cuestionables en una institución que administra fondos destinados a enfermos, envejecientes y familias de escasos recursos provocaron una indignación transversal. No se trata aquí de contratos inflados o lujos innecesarios: se trata de dinero que debía traducirse en medicamentos, consultas y tratamientos para quienes no tienen alternativa. Para amplios sectores de la sociedad, tocar SENASA equivale a tocar el último salvavidas de los desposeídos.
La narrativa del “cambio” también comenzó a resquebrajarse con los escándalos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Bajo la gestión de Hugo Beras, los proyectos de modernización del tránsito y los sistemas de semáforos pasaron de ser una promesa de orden y seguridad vial a convertirse en el centro de investigaciones por contratos irregulares y empresas de dudosa trayectoria. Mientras los recursos públicos fluían, el caos en las calles persistía, reforzando la percepción de que la ineficiencia no era casual, sino funcional a determinados intereses.
Más inquietante aún ha sido la penetración de expedientes criminales en el corazón mismo del poder legislativo. Las investigaciones de operaciones como Falcón y Calamar colocaron bajo sospecha a figuras políticas vinculadas al PRM, revelando un escenario donde el narcotráfico y el lavado de activos no solo financiaban campañas, sino que aspiraban a influir directamente en la elaboración de las leyes. Este temor se materializó con la condena de la diputada Rosa Amalia Pilarte, un caso que rompió cualquier intento de minimizar la gravedad de la situación: por primera vez, una legisladora del partido oficialista era sentenciada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
A este panorama se sumaron las destituciones y escándalos en áreas sensibles como el Ministerio de la Juventud y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), donde denuncias de irregularidades en compras y contratos pusieron en duda el manejo de fondos destinados a los sectores más vulnerables. La idea de que ni la juventud ni la alimentación escolar estaban a salvo del clientelismo político terminó de consolidar un clima de desconfianza generalizada.
Frente a cada revelación, la respuesta del Poder Ejecutivo ha sido, en muchos casos, rápida en lo administrativo: cancelaciones, suspensiones, discursos de “tolerancia cero”. No obstante, para amplios sectores de la población, estas medidas resultan insuficientes cuando no van acompañadas de la recuperación del dinero público ni de sanciones judiciales ejemplares. La percepción de que los procesos se dilatan o se diluyen con el tiempo ha alimentado la sensación de una impunidad selectiva, más preocupada por el costo político que por la justicia.
El daño más profundo de esta cadena de escándalos no se mide solo en millones de pesos perdidos, sino en la erosión de la confianza ciudadana. Cuando quienes debían ser los guardianes del Estado terminan bajo sospecha, la democracia se debilita, el electorado se vuelve apático y el cinismo se normaliza. Para muchos dominicanos, el “cambio” prometido por el PRM terminó pareciéndose demasiado a un relevo de nombres dentro de un mismo esquema de saqueo.
Hoy, la sociedad no solo exige castigos, sino coherencia. Busca líderes que entiendan que el poder no es un botín y que la ética no puede ser un simple eslogan de campaña.
