𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃.
𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐨́ 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐱𝐡𝐚𝐮𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐬 𝐚́𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬, 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚𝐬 𝐃𝐮𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐢́.
Además de Las Dunas de Baní, otros lugares donde se estará realizando esta investigación es en el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
Con ese propósito, la magistrada Yeni Berenice Reynoso designó una fuerza de tarea especial conformada por titulares de diversas áreas especializadas, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El equipo investigador está integrado, además, por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren); la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Unidad de Investigación Inmobiliaria.
La instrucción establece que el equipo debe extender sus indagatorias a “todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas”.
Su objetivo es “determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural”, explica la instrucción de Yeni Berenice.
Asimismo, la Procuradora dispuso que la fuerza de tarea designada realice, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Al motivar la decisión, la Procuradora General afirmó que “la conservación y preservación de las áreas protegidas, representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana, aseguran la permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen o puedan ofrecer a la sociedad dominicana en las presentes y futuras generaciones”.
