𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃.
𝐌𝐢𝐥𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐀𝐩𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐮𝐚𝐧, 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐨́ 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐂𝐨́𝐝𝐢𝐠𝐨 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥, 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟏𝟒𝟎 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚.
El magistrado, quien tiene 28 años de experiencia en la judicatura, reconoció que la nueva normativa ha generado opiniones a favor y en contra, pero señaló que sus disposiciones pueden ser mejoradas por los legisladores.
El juez, quien además se desempeñó en la Cámara Civil y ha ocupado otros cargos dentro del sistema judicial, explicó que el nuevo Código Penal representa una actualización necesaria frente a los cambios que ha experimentado la sociedad.
Indicó que, aunque existen voces que cuestionan y otras que respaldan la nueva legislación, algunos aspectos podrán ser revisados y perfeccionados con el tiempo.
Agregó que la nueva legislación incorpora tipos penales relacionados con situaciones que anteriormente no estaban contempladas de manera adecuada y consideró que, en una sociedad afectada por distintos problemas, la aplicación de sanciones puede contribuir a frenar la actividad delictiva.
En cuanto al feminicidio, el magistrado destacó que fue establecido como un delito individualizado, con penas severas que pueden alcanzar los 40 años de prisión y aumentar cuando concurran otras infracciones.
Sobre el sicariato o muerte por encargo, explicó que en el antiguo Código Penal no existía una figura específica para este delito. Ante esa situación, fiscales y jueces recurrían a la figura de la complicidad, lo que implicaba una pena menor que la correspondiente al autor material.
Asimismo, resaltó la incorporación de mecanismos vinculados con la justicia restaurativa, que permiten alcanzar acuerdos en determinados casos, siempre dentro de las condiciones establecidas por la legislación.
El juez también se refirió a la extorsión y a la forma en que algunos hechos delictivos continúan siendo coordinados desde los centros penitenciarios. Señaló que personas ya condenadas a 10 o 15 años de prisión pueden asumir que, si son descubiertas cometiendo nuevos delitos, ya están cumpliendo la pena máxima, pero que el nuevo marco legal introduce variantes para enfrentar esas situaciones.
Finalmente, exhortó a los jueces a aplicar la ley conforme a las pruebas presentadas y a los hechos demostrados en cada proceso.
