El informe preparado por el periodista Miguel Franjul, en su condición de vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP y director del periódico Listín Diario, sobre la cruda realidad del ejercicio periodístico en la República Dominicana, nos invita a reflexionar.
Es altamente preocupante, que lejos de avanzar en la consolidación del sistema democrático, la aprobación de dos leyes: una de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y otra que configura el régimen electoral, se constituyan en amenazas a la libertad de expresión de los ciudadanos en tiempos de campañas electorales, despertando los temores de un resurgimiento de los mecanismos de censura que creíamos haber superado en el país.
Según el referido informe, leído por el periodista Adriano Miguel Tejada, Director de Diario Libre, a la existencia de estas leyes podrían agregarse otras que actualmente se discuten en el Congreso y que tocan directamente a los medios de comunicación contemplando restricciones y normas inhibitorias. El temor nos asalta, ya que de ser aprobadas, se podría estar formando un clima generalizado para impedir la difusión de denuncias de corrupción o de actos escandalosos de partidos y figuras políticas. El argumento esgrimido por quienes propugnan por estas leyes, es que están destinadas a proteger el honor sobre la base de vagos criterios sobre difamación e injuria.
En cuanto a la ley electoral, es oportuno señalar que contempla penas de hasta 10 años de prisión para los delitos de difamación e injuria que se cometan contra candidatos, agrupaciones y partidos políticos, y de tres hasta diez años a los que violaren normas éticas, legales y constitucionales sobre uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales. En cuanto a las leyes de partidos y la de régimen electoral penalizan hasta con diez años “comentarios negativos” emitidos contra precandidatos o candidatos. Algo que puede desencadenar acciones de impredecibles consecuencias, ya que el concepto de comentarios negativos queda a la libre interpretación, por lo que cualquier cosa que se pueda considerar – comentario negativo- que el precandidato o candidato entienda que perjudica a sus aspiraciones puede ser tomado para sanciones, aunque la afirmación sea verdadera. De ahí la preocupación de los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, una situación que nos invita a observar de cerca, y con posiciones claras, lo que se está gestando en el Congreso Nacional, porque en medio de ese ambiente de prejuicios y medidas contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento, se están dando los pasos para una nueva ley de comunicación que ofrezca más garantías para el ejercicio periodístico. Por lo tanto, nos corresponde seguir atentos a lo que se está tejiendo desde el Congreso.
