Una decisión desafortunada

La sociedad dominicana esperó por más de medio siglo la aprobación de una Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, reconociendo la necesidad de afianzar la cultura democrática, a lo interno de organizaciones políticas diezmadas por el autoritarismo. Bajo esa premisa, todos los sectores sensatos de la vida pública nacional aplaudimos la aprobación de la Ley 33-18, entendiendo que se logró la ley posible, pero no la perfecta.
La referida ley hace énfasis en los métodos y procedimientos de escogencia de las candidaturas internas, la precampaña, la cuota de género, de la juventud y reservas de candidaturas por parte de la alta dirección de los partidos, así como su financiamiento y pérdida de la personería jurídica. Es a partir de todo esto, que surge la necesidad de una reglamentación para la aplicación de la misma. De inmediato, los legisladores aprobaron la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19. Sin embargo, a pesar de que la normativa plantea la eliminación del voto de arrastre, la Junta Central Electoral acaba de tomar la infeliz decisión de aplicar esta disposición en sólo 26 provincias, dejando fuera del alcance de la ley a cinco provincias y el Distrito Nacional, en lo que se define como una decisión inaceptable, violatoria de la Constitución de la República, y por demás altamente sospechosa, en tanto que las demarcaciones que han quedado fuera, suman casi el 70 por ciento del electorado nacional.
La decisión de la Junta Central Electoral se aprecia complaciente, fuera de toda lógica, sin criterios de respeto y apartada de los fundamentos jurídicos legales, en tanto, divide a la sociedad dominicana en ciudadanos de primera y segunda categoría: una aberración que conduce a pensar en la falta de credibilidad de los miembros que integran ese organismo comicial.
Lo que ayer pudo haber sido un motivo de celebración, por el hecho de que en las provincias favorecidas se eliminó el arrastre – para que senadores y diputados tengan que buscar sus votos con el esfuerzo propio, poniendo fin al aprovechamiento del liderazgo ajeno que favorecía a los senadores desgastados, hoy ha creado malestar entre los ciudadanos, porque la decisión de la Junta, divide al pueblo dominicano.