Como algo inexplicable, carente de toda lógica, y por demás irracional, se define la decisión de la Junta Central Electoral, de eliminar el voto de arrastre en 26 provincias del país, dejando fuera las seis principales plazas electorales que concentran alrededor del 58 por ciento de la población votante.
Desde el momento en que se dio a conocer la resolución, no han cesado las críticas y cuestionamientos de los partidos políticos, ya que se estima imprudente que en la curva descendente del tramo electoral se pretenda distraer la organización del proceso, agregando un elemento que todos tildan de inconstitucional. Así lo reflejan las diversas opiniones de juristas y políticos independientes, al igual que los dirigentes de entidades políticas. Sin embargo, lo que más preocupa es la actitud del presidente de la Junta Central Electoral, quien acaba de afirmar que no habrá marcha atrás, y que la resolución emitida no será aplicada en todas las demarcaciones del país, lo que creará un precedente negativo en la aplicación de justicia.
Pero más allá de la resolución, comienzan a salir las conjeturas del escandaloso ruido que provoca la JUNTA, ya que algunos señalan que se trata de una trama intencionada, dirigida a abortar el proceso electoral. Obviamente, en la medida en que nos acercamos a la contienda, se intensifican las sospechas, por las constantes nebulosas que se presentan en el escenario político nacional, y más aún, por los plazos establecidos en la ley electoral, los que han sido definidos por la propia Junta Central Electoral, y que deben ser cumplidos por los partidos políticos que hoy están recurriendo la referida resolución en los altos tribunales de la República, lo que conlleva tiempo, y causa preocupación.
La sociedad dominicana busca afanosamente fortalecer el sistema democrático, y esto sólo será posible con la unidad del pueblo, y el respeto a la Constitución y las leyes que rigen la nación.
Continúa dolor de cabeza ante insalubridad canal Juan Caballero
𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃. 𝐔𝐧 𝐬𝐞𝐧̃𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐄𝐥 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐲𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐚𝐥𝐮𝐛𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐲𝐞 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐛𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞.