Son muchas las deficiencias que arrastra el sistema judicial dominicano. A diario observamos situaciones que delatan las debilidades que terminan en tragedias. Y es que se está haciendo tan común escuchar historias de maltratos, golpes y vejámenes a mujeres que acudieron a las instancias judiciales para luego pasar a la nefasta lista de asesinadas.
De nada han servido las querellas presentadas, porque los agresores, en la mayoría de los casos, terminan evadiendo la justicia. Las acusaciones de maltratos, cuando son tratadas de forma benigna, sin que se tomen los correctivos necesarios, elevan el ego de los victimarios y desencadenan los hechos trágicos que todos lamentamos.
Nuestro sistema judicial debe ser reorientado para que las denuncias presentadas por mujeres que son víctimas de maltratos sean ponderadas con criterios diferentes, atendiendo a la gravedad del caso. Es penoso encontrar expedientes de mujeres que buscaron ayuda, fueron ante fiscales y jueces, para luego quedar desprotegidas, a merced de peligrosos asesinos que cada año duplican las cifras de feminicidios. Y es que en la República Dominicana pocos respetan la orden de alejamiento, y hasta se hace difícil el apresamiento de un acusado de golpear a su pareja.
La situación no es nueva, se percibe como un patrón cultural que debemos cambiar, pero nada se está haciendo para frenar esta orgía de sangre. Mientras tanto, es preciso reconocer la actitud valiente y responsable de la magistrada Cecilia Báez, quien en el área de Atención a Víctimas, en esta jurisdicción de Peravia, marca la diferencia evitando la ocurrencia de hechos lamentables, procurando detener a tiempo a los culpables de agresiones, tanto físicas como psicológicas. Porque actuar a tiempo, sin complicidad con los violadores de la ley, es todo lo que se debe hacer para cambiar la historia de miles de mujeres que hoy no viven para contarla.
La misma situación económica lleva a mujeres a soportar en silencio los vejámenes y castigos de sus maridos, mientras que otras, luego de ser agredidas, tratan de retirar las denuncias para dejar en libertad a los agresores. De ahí la imperiosa necesidad de contar con funcionarios judiciales comprometidos con la aplicación correcta de la ley.
