La población dominicana es el mejor referente a la hora de hablar de cultura política. Desde los inicios de la República hemos acuñado los colores partidarios como emblemas que se heredan y definen la identidad de la familia. Así pasamos a confrontar con los vecinos y amigos sin una base ideológica definida, sino por la adhesión a una parcela política que se traspasa de generación en generación. Por lo menos eso es lo que ha permanecido hasta hoy.
Obviamente, a medida que pasan los años se vislumbran cambios positivos en la política vernácula, ya que las fuerzas antagónicas que libraron duras batallas en el pasado, como el Partido Reformista Social Cristiano y el Revolucionario Dominicano, han ido reduciendo su caudal de militantes, al extremo de que operan como visagras, recostados a partidos – a los que presumen en condiciones de alcanzar el poder-. Así en cada proceso electoral se presenta una amalgama de colores en una boleta llena de recuadros y emblemas que participan aliados en la contienda, y todo porque en la nación dominicana los partidos políticos son concebidos como empresas que reciben cuantiosos millones de pesos del presupuesto nacional.
Ahora que muchos han caído en el charco que decreta su eliminación porque no obtuvieron los votos necesarios para retener su estatus partidario, escuchamos a muchos abogando porque se les considere como tal. Sin embargo, lo pertinente es cumplir con el mandato de la ley de partidos. En la pasada contienda fueron muchos los que bailaron y perdieron la competencia legal, por lo que deben acatar y respetar la decisión del pueblo que no vio en ellos una oferta que les motivara a marcar en sus recuadros.
Ojalá que en los próximos procesos, el sistema electoral salga menos costoso a la población dominicana, y que los partidos políticos impulsen sus campañas con los recursos que puedan obtener de sus propias actividades, porque no se concibe que en un país con altos niveles de pobreza tengamos que seguir en el vendaval de deudas para gastar millones a manos llenas para financiar la participación electoral de partidos que son empresas. Y muy lucrativas, por cierto.
