Al parecer el maestro tenía la razón..!!

Según la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante el período comprendido entre el 22 de agosto del 2012 y el 17 de octubre del 2017, las denuncias hechas por el profesor universitario Juniol Ramírez, se correspondían con la verdad, ya que el entramado de corrupción creado en esa institución llegó a alcanzar niveles sorprendentes.

La auditoría revela serias irregularidades en la contratación de compras y servicios, cuyas operaciones envuelven miles de millones de pesos, e involucran funcionarios de altos rangos en esa entidad, al igual que a proveedores y técnicos de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.

Tomando como parámetro esos resultados, no es difícil establecer las causas del porqué de la muerte del profesor, un día antes del conocimiento de su denuncia, por lo que guarda prisión el entonces director de esa institución, mientras se está a la espera del presunto asesino, Argenis Contreras, a quien acusan de haber sido el autor material del horrendo crimen, y que está bajo custodia de las autoridades norteamericanas.

Desde octubre del pasado año, la sociedad ha permanecido demandando castigo para los culpables, caiga quien caiga. Sumándose a las voces de familiares que piden a gritos que se desmonte la mafia denunciada. La sociedad Civil y el liderazgo profesional vienen reclamando castigar de manera ejemplar a los asesinos del profesor Juniol Ramírez, entendiendo que la impunidad no debe prosperar en esta sociedad.

Precisamente, es la sociedad la que está reclamando del Estado y sus instituciones, mayores niveles de transparencia, y que por fin, exista un régimen de consecuencia que permita desmontar la corrupción administrativa que es apadrinada desde arriba. Si la justicia cumple con su rol y los culpables de desfalcos y asesinatos van a la cárcel, el mensaje será claro, preciso y contundente: queremos sanear el Estado, para que esté libre de los delincuentes que se visten de funcionarios para desfalcar el erario.

 

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