La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo consagran, también la Constitución de la República: todos tenemos derecho a recibir atenciones de salud, sin discriminación de ningún tipo. Partiendo de esa premisa, se entiende como deber, brindar la debida atención a quienes se encuentren confrontando problemas de salud, sean ciudadanos dominicanos o extranjeros, sin que se tome en cuenta el estatus migratorio.
Obviamente, el juramento hipocrático así lo consagra, por lo menos en el papel, ya que son muchas las historias que se cuentan, de personas que llegan a los centros públicos o privados, y son abandonadas a su suerte, aún en peligro de muerte. Sin embargo, el tema que nos ocupa es otro. Se trata de la migración de parturientas haitianas que llegan en masa a los hospitales: un capítulo de la novela “La invasión uterina” que se escuda bajo el sacro manto de los derechos humanos.
Así, en sólo dos hospitales del país, el pasado año fueron atendidos más de cinco mil partos de mujeres haitianas, en su mayoría indocumentadas. Como es de entenderse, el personal de salud cumple con la misión de prestar atención. Sin embargo, la pregunta del millón es, ¿dónde están las autoridades de migración? Cuáles son los responsables de propiciar esta acción repudiable.
El sistema nacional de salud, además del pobre presupuesto que recibe, está conminado a erogar miles de millones de pesos al año para brindar atención a parturientas indocumentadas que posteriormente se quedan entre nosotros. Lo más lamentable es que somos los pobres hijos del pueblo quienes pagamos con nuestros impuestos los desatinos de quienes incumplen con su deber.
El presidente de la República, en su discurso en la cumbre de Perú, dijo que el país cuenta con un millón de nacionales haitianos, cifra que aumenta cada año a la par con las necesidades que se van generando. En definitiva, vivimos en un país solidario, que ayuda a los vecinos, pero en las cumbres y foros Internacionales, son las propias autoridades haitianas las que arremeten contra el estado dominicano, acusándolo de discriminatorio.
