Es una realidad que no se puede ocultar. Existe un derecho constitucional que cada día es más difícil de alcanzar. Es una de las más grandes aspiraciones de los ciudadanos que asumen la responsabilidad de formar un hogar, haciendo acopio del refrán popular que indica que “el casado casa quiere”
Justo se trata del derecho a una vivienda digna, donde la familia pueda vivir con seguridad. Es entendible que el Estado no está obligado a dotar de viviendas a toda la población, aunque el derecho a un techo se encuentra reconocido en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por el Estado dominicano. El derecho a una vivienda adecuada exige además que tenga acceso sostenible y no discriminatorio a los servicios fundamentales, como salud, Seguridad, comodidad y alimentación. Son muchos los acuerdos internacionales que sustentan el derecho a una vivienda.
Sin embargo, más allá de la Constitución de la República, y de las normativas foráneas de las que el país es signatario, contamos con la Ley Adjetiva No. 5892, del 10 de mayo de 1962, que creó el Instituto Nacional de la Vivienda.
Desde ese entonces, hasta la fecha, la mayoría de los ciudadanos aspiran a recibir las facilidades del Estado para ser beneficiarios de un derecho que se ha vuelto casi inalcanzable. De acuerdo con datos oficiales servidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) el índice de Costo de Viviendas se ha disparado con relación al mes de julio, en insumos como agregados, acero, cerámicas, hormigones y materiales eléctricos.
Esto, sin dudas, ha afectado la construcción de viviendas, ya que se han disparado los precios. Así lo dio a conocer la Asociación de Constructores de Viviendas, en un comunicado de prensa. Esto representa un desafío para quienes tienen proyectos de construcción o simplemente están en el proceso de planificación.
La verdad es que los altos precios de los materiales de construcción inciden drásticamente en la inflación inmobiliaria, aumentando el costo del metro cuadrado de construcción en más de un 38%. Desafortunadamente, también están bien altos los costos de alquiler de viviendas, por lo que la carga es más pesada bajo este escenario.
Es por ello que entendemos necesario que el gobierno asuma llevar a las provincias del país un programa de construcción de viviendas para atender las demandas de una población cada vez más alejada de las posibilidades de alcanzar el sueño de construir con su esfuerzo un techo digno.
En lo que respecta a Baní, sin ánimo de exagerar, adquirir una vivienda se torna más difícil para quienes deben sumar al costo de construcción, la adquisición del solar. De ahí la petición formal a las autoridades locales para que gestionen ante el presidente de la República, Luis Abinader, un proyecto habitacional como ha estado esperando el pueblo banilejo.
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𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃. 𝐄𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐝𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐁𝐚𝐧𝐢́, 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐁𝐚́𝐞𝐳, 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐬𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨
