La esencia viva de la democracia radica en el poder del pueblo, el respeto a las mayorías y la fuerza de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Una verdadera democracia responde al criterio de “poner los oídos en el corazón del pueblo”
Un sistema político cuyos gobernantes se coloquen de espaldas al pueblo en sus demandas de soluciones a necesidades básicas y problemáticas sociales, genera malestar, rechazo y desesperanza entre los ciudadanos. Por el contrario, cuando el pueblo es escuchado y los gobiernos colocan en la Agenda Nacional de Desarrollo, las obras consideradas prioritarias, junto a sus más elementales necesidades, se fortalece el criterio de gobernabilidad en la generalidad de los ciudadanos. Partiendo de esa realidad, escuchamos el clamor del pueblo dominicano para que los corruptos que han estafado, saqueado y robado al Estado, sean apresados, despojados de los bienes y sentenciados a cumplir sus condenas, conforme a la gravedad del caso. En un sistema democrático, donde según la Constitución y las leyes de la República, los ciudadanos somos iguales “sin distinción de ningún tipo”, resulta inaceptable que las autoridades llamadas a impartir justicia entren en conciliábulos con confesos estafadores del Estado para favorecerlos en los tribunales con acuerdos que les permitirán recuperar una tajada considerable del dinero robado. Esos acuerdos son rechazados por el pueblo, porque es una burla descarada ver caminar por las calles “como personas honorables” a individuos que se llenaron los bolsillos con los fondos del Estado que debían ser utilizados para impulsar políticas de desarrollo a favor de todos los dominicanos. En ese reclamo de justicia no podemos callar ni dejarnos intimidar. El Ministerio Público, antes de buscar censurar y amordazar a la prensa, debe actuar con transparencia, presentando el alcance de los acuerdos y el listado completo de los favorecidos con sus respectivos pedimentos de castigo. La lucha contra la corrupción no contempla delincuentes favoritos. Sólo se persigue el delito y se actúa en consecuencia. La percepción de que los desfalcadores de los fondos públicos son llamados a establecer acuerdos para devolver algo de lo robado, se constituye en un mal ejemplo para una sociedad que demanda transparencia y cero impunidad. Es innegable que los corruptos impiden el desarrollo de la nación, que son responsables de las necesidades acumuladas, de las muertes de pacientes por falta de medicamentos; y de la degradación de la imagen de nuestro país a nivel internacional. Entonces, dejemos de tratarlos con paños tibios, aplicándoles el más severo castigo para que los presentes y futuros funcionarios respeten los bienes y recursos del pueblo. No es atentando contra la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo. No es escondiendo las pestilentes tratativas bajo el criterio de devuelve una ínfima cantidad y quedarás en libertad. La corrupción es el peor de los males sociales y debemos combatirla con seriedad y responsabilidad.
