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Las 23 instituciones del Estado autorizadas por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 627-25 para realizar procesos de emergencia en 14 provincias afectadas por el paso de la tormenta Melissa ejecutaron contrataciones que superan los 11,000 millones de pesos durante el perรญodo habilitado por la disposiciรณn gubernamental.
El decreto entrรณ en vigencia el 31 de octubre y concluyรณ el 15 de diciembre, luego de que se interpretara que los 30 dรญas establecidos correspondรญan a dรญas hรกbiles, conforme a los procedimientos administrativos vigentes.
Estas contrataciones se produjeron en un contexto en el que el propio presidente Abinader habรญa anunciado una disponibilidad de 12,000 millones de pesos para atender los daรฑos ocasionados por el fenรณmeno atmosfรฉrico, recursos destinados a la rehabilitaciรณn de infraestructuras, asistencia social y apoyo a los sectores productivos mรกs golpeados. La cifra ejecutada se aproxima a ese monto global anunciado, lo que evidencia una rรกpida movilizaciรณn del gasto pรบblico bajo los mecanismos excepcionales que permite la ley en situaciones de emergencia.
Dentro de ese paquete de ayudas, el sector agropecuario ocupรณ un lugar relevante. El Gobierno dispuso 2,000 millones de pesos especรญficamente para la agricultura, con el objetivo de compensar pรฉrdidas en cultivos, recuperar caminos interparcelarios y asistir a productores afectados por inundaciones y deslizamientos. Sin embargo, en provincias como Peravia, donde la tormenta provocรณ severos daรฑos en plantaciones y tierras productivas, el balance que hacen muchos agricultores difiere de ser positivo.
Productores de esta demarcaciรณn aseguran que, aunque las autoridades realizaron levantamientos y recibieron la documentaciรณn correspondiente, una parte significativa de los afectados nunca fue beneficiada. Otros relatan que solo recibieron cheques por montos inferiores a los 5,000 pesos, cantidades que consideran simbรณlicas frente a las pรฉrdidas reales sufridas, y denuncian que en muchos casos las tierras ni siquiera fueron intervenidas. Mientras tanto, los daรฑos acumulados continรบan pesando sobre la economรญa de pequeรฑos y medianos agricultores que, meses despuรฉs, aรบn no logran recuperarse ni reanudar plenamente su producciรณn.
La situaciรณn ha generado frustraciรณn y descontento en el campo, donde la tormenta Melissa no solo destruyรณ cosechas, sino que dejรณ a numerosas familias sin su principal fuente de ingresos. Para muchos, la ayuda estatal no llegรณ a tiempo o no fue proporcional al impacto real del desastre, profundizando la vulnerabilidad de un sector que ya enfrentaba dificultades estructurales.
En medio de este escenario, el cambio en la direcciรณn del Ministerio de Agricultura, concretado a inicios de enero de 2026, ha sido visto por productores como una รบltima esperanza para que se revisen los procesos de compensaciรณn y se corrijan las fallas denunciadas.
La expectativa en el campo es que la nueva gestiรณn impulse una respuesta mรกs efectiva, transparente y cercana a la realidad de los agricultores afectados, y que los recursos prometidos tras la tormenta se traduzcan en una recuperaciรณn real y sostenible para las zonas rurales que aรบn cargan con las secuelas de Melissa.
