El costo de llegar y permanecer en el sistema
Un recorrido por Peravia, San Cristóbal, Azua y San José de Ocoa muestra que la existencia de tribunales y servicios gratuitos no elimina las barreras de transporte, ingresos, información y tecnología que enfrentan algunos ciudadanos para ejercer sus derechos.
A las cinco de la mañana comienza para Tomás el camino hacia la justicia.
Tiene 70 años, vive en Naranjal, provincia San José de Ocoa, y se dedica a la agricultura. Desde que uno de sus hijos, de 35 años, quedó privado de libertad por un proceso penal originado por un hecho ocurrido en Peravia, viajar hasta Baní se convirtió en parte de su relación con el sistema judicial.
En este reportaje se le identifica únicamente por su nombre de pila para preservar la privacidad de su familia mientras el proceso permanece abierto.
Cada viaje le cuesta RD$400: RD$200 para llegar y otros RD$200 para regresar. En un buen día, cuando consigue vender aguacates o plátanos, sus ingresos rondan entre RD$200 y RD$300.
Solo el transporte hasta Baní puede costarle, por tanto, más de lo que obtiene durante una jornada favorable de trabajo.
Tomás ya no sabe cuántas veces ha recorrido ese camino.
Han sido tantas, asegura, que perdió la cuenta.
Cada salida de Naranjal supone separar primero el dinero del pasaje, dejar temporalmente sus labores y destinar horas a desplazarse, buscar información o esperar una actuación judicial.
Según relata, su hijo permanece en prisión preventiva desde hace más de un año. Este reportaje no examina la responsabilidad penal del imputado ni pretende determinar el fondo del proceso que se conoce en los tribunales.
La pregunta es otra:
¿Hasta qué punto el lugar donde vive una persona y los recursos de que dispone influyen en su capacidad real para llegar a la justicia y mantenerse dentro de un proceso?
La distancia no se mide solamente en kilómetros
La interrogante adquiere dimensión nacional en el informe Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El estudio advierte que una menor cantidad de casos registrados en un territorio no puede interpretarse automáticamente como menor conflictividad. En lugares con dispersión geográfica, baja presencia institucional o privaciones socioeconómicas pueden intervenir el subregistro, la distancia, el miedo o la falta de recursos para convertir una necesidad jurídica en una demanda formal.
Entre las principales barreras identificadas aparecen la distancia y las dificultades de traslado, los gastos de pasaje y alimentación, la pérdida de ingresos por ausentarse del trabajo, la ausencia local de algunos servicios, el desconocimiento de los derechos y la brecha tecnológica.
Así, medir el acceso a la justicia requiere mirar más allá de la existencia física de un tribunal.
También obliga a preguntarse cuánto cuesta llegar a él, cuánto tiempo consume hacerlo, qué información tiene el ciudadano y qué posibilidades materiales posee para continuar participando hasta el final.
La existencia de barreras territoriales no significa ausencia de estructura judicial. El Catálogo de Tribunales del Poder Judicial, actualizado en abril de 2026, registra en Peravia juzgados de paz en Baní, Matanzas, Nizao, Sabana Buey y Villa Fundación, además de un juzgado especial de tránsito y tribunales de primera instancia en distintas materias.
La cuestión que plantea esta investigación, por tanto, no es únicamente cuántos órganos judiciales existen, sino en qué condiciones puede una persona llegar al servicio específico que necesita, comprender el proceso y mantenerse vinculada a él.
Cuatro territorios, números que no cuentan la misma historia
Para este reportaje se compararon datos oficiales correspondientes a Peravia, San Cristóbal, Azua y San José de Ocoa, combinando estadísticas de fiscalías, población del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 y registros de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
En 2025 las fiscalías registraron 16,131 casos en San Cristóbal, 4,850 en Azua, 3,068 en Baní/Peravia y 113 en San José de Ocoa.
Cuando las cifras se relacionan con la población censada, equivalen aproximadamente a 234 casos por cada 10,000 habitantes en San Cristóbal, 202 en Azua, 147 en Peravia y 16 en San José de Ocoa.
La diferencia es suficientemente marcada para provocar preguntas, pero no para producir respuestas automáticas.
Una tasa menor no demuestra por sí misma menor conflictividad, menor acceso ni mejor funcionamiento.
Precisamente por ello, el PNUD recomienda observar conjuntamente indicadores como expedientes ingresados, tasas de resolución, disponibilidad de jueces y defensores, conflictividad, condiciones socioeconómicas, distancia y desgaste procesal.
Los registros de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) cuentan una historia diferente.
Durante 2025 ingresaron 1,261 nuevos casos en San Cristóbal, 1,123 en Baní, 863 en Azua y 528 en San José de Ocoa, integrando la jurisdicción ordinaria y la de niños, niñas y adolescentes.
Al relacionarlos con la población, San José de Ocoa ronda 76 nuevos casos de Defensa Pública por cada 10,000 habitantes; Peravia, 54; Azua, 36; y San Cristóbal, 18.
San José de Ocoa, que presenta la tasa más baja en los registros de Fiscalía, ocupa una posición muy distinta cuando se observa la actividad de Defensa Pública en relación con su población.
Las cifras de ambas instituciones, sin embargo, no son directamente equivalentes. Cada una registra servicios, usuarios y etapas distintas del sistema.
Y ese contraste deja un primer hallazgo metodológico: una sola base de datos no basta para medir cómo accede una población a la justicia.
Baní: la mayor carga referencial entre las cuatro oficinas
La respuesta entregada por la ONDP mediante una solicitud de acceso a la información agrega otra variable.
Actualmente, el personal vinculado a la prestación del servicio en las cuatro oficinas analizadas asciende a 17 personas en San Cristóbal, nueve en Baní, ocho en Azua y cinco en San José de Ocoa.
La institución hace una precisión indispensable: estas cantidades incluyen defensores públicos, abogados adscritos y analistas, por lo que no pueden presentarse simplemente como número de defensores. Tampoco dispone de información sobre plazas ocupadas y vacantes.
Utilizando los casos ingresados en 2025 y el personal asignado actualmente, la propia ONDP hizo para fines informativos una estimación de carga.
Baní registra 124,8 casos por integrante del personal; Azua, 107,9; San José de Ocoa, 105,6; y San Cristóbal, 74,2.
La Oficina Nacional de Defensa Pública advierte que se trata de un cálculo referencial y no de un indicador institucional oficial, ya que puede variar según la cantidad de casos y el personal activo en cada período.
La demanda de atención también muestra cifras significativas.
En 2025 la institución reportó 5,044 personas atendidas en San Cristóbal, 4,492 en Baní, 3,452 en Azua y 2,112 en San José de Ocoa.
El indicador no se limita a las personas representadas judicialmente: incluye también familiares y usuarios que acuden por orientación o información jurídica penal.
Pero existe una limitación para profundizar todavía más en la geografía del servicio.
Ante la solicitud de conocer el municipio de residencia o procedencia de los usuarios, Defensa Pública informó que no registra esa variable por municipio, sino por oficina.
Por esa razón, sus estadísticas no permiten saber cuántos de los usuarios que llegan a Baní viven cerca de la sede y cuántos deben trasladarse desde comunidades alejadas.
La dimensión territorial está presente en el servicio, pero todavía no siempre aparece reflejada en el dato.
“La justicia es gratuita, pero la pobreza dificulta el acceso”
Desde la experiencia cotidiana de Defensa Pública en Peravia, Juana Bautista De la Cruz González, coordinadora de esa oficina, introduce un matiz importante.
Para De la Cruz González, la distancia no constituye necesariamente un obstáculo para que la institución pueda prestar asistencia. Cuando es necesario, explica, los defensores se trasladan a centros de privación de libertad, destacamentos y otras demarcaciones.
Los propios registros de la ONDP confirman esa movilidad. En Baní se realizaron durante 2025 173 visitas carcelarias y 366 visitas destacamentales.
Pero la posibilidad institucional de trasladar el servicio no significa que todos los ciudadanos participen en iguales condiciones.
Bautista reconoce que quienes viven en zonas urbanas suelen disponer de mayores facilidades para obtener información, trasladarse y dar seguimiento a sus procesos, mientras que entre los residentes de comunidades alejadas pueden pesar la pobreza, la falta de información y las dificultades de transporte.
“Aunque la justicia es gratuita en principio, la pobreza dificulta el acceso, especialmente en la justicia penal”, sostiene.
La defensora afirma haber conocido personas que dejan de acudir a audiencias porque no disponen siquiera del dinero necesario para pagar el pasaje.
También víctimas que enfrentan la misma dificultad.
Y describe una situación todavía más elemental:
“A veces la gente se pasa el día esperando su audiencia sin desayunar ni almorzar, porque solo tiene el pasaje”.
El servicio puede ser gratuito.
Llegar a él y permanecer dentro del proceso no necesariamente lo es.
Una audiencia aplazada no cuesta lo mismo para todos
Desde el tribunal, la magistrada Josefina Altagracia Bernabel Tejeda, jueza miembro de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Cristóbal, observa otra dimensión del mismo fenómeno.
La distancia, explica, puede influir en la posibilidad real de asistir a una audiencia, obtener información y dar seguimiento al proceso.
Una persona que reside en una comunidad distante puede necesitar más tiempo y dinero para trasladarse. A ello se suman, en algunos casos, la pérdida de una jornada laboral, horarios limitados del transporte y la necesidad de conseguir quién cuide a hijos u otros familiares.
Los aplazamientos multiplican esas cargas.
“Hay personas que deben salir de madrugada y dedicar prácticamente todo el día a una audiencia. Si esta se aplaza, deben asumir nuevamente el gasto y reorganizar sus obligaciones laborales y familiares”, explica.
La magistrada Bernabel también introduce una precisión importante: la incomparecencia de una persona no debe interpretarse automáticamente como desinterés o intención de evadir el proceso.
Según la etapa y el tipo de proceso, corresponde verificar la citación y valorar las razones que provocaron la ausencia.
Su reflexión resume una parte esencial del problema:
“La existencia de una sede judicial no significa que todas las personas puedan llegar a ella en las mismas condiciones”.
Gratis en el papel
El abogado Lemuel Pimentel, litigante en la provincia Peravia y presidente de la filial Peravia provincial del Colegio de Abogados de la Republica Dominicana, señala que uno de los primeros obstáculos aparece incluso antes de que comience un proceso.
Muchas personas, afirma, llegan al Palacio de Justicia sin saber si deben acudir al Ministerio Público, a un juzgado de paz o a un tribunal de primera instancia.
Después aparece la dificultad de comprender.
Quien no cuenta con orientación jurídica puede tener problemas para conocer el estado de su expediente, entender una resolución o saber cuál será el siguiente paso.
A ello se suman gastos que rara vez quedan reflejados en las estadísticas judiciales.
Pimentel enumera transporte, alimentación, jornadas de trabajo perdidas, copias, certificaciones, llamadas, conexión a internet e incluso el pago a otra persona para cuidar niños o familiares.
Lo resume en una frase:
“El proceso puede ser gratuito en el papel, pero participar en él no lo es”.
Según su experiencia, hay personas que no asisten a una audiencia porque ese día no tienen dinero para transportarse; otras dejan de dar seguimiento a una querella después de consumir sus recursos en viajes sucesivos.
Los aplazamientos pueden profundizar el problema.
Una persona que salió de madrugada, pagó el transporte y perdió su jornada debe repetir el mismo esfuerzo en la próxima fecha.
Para quien tiene pocos recursos, cada reenvío tiene un costo que no aparece escrito en el expediente.
La promesa digital y una nueva distancia
La digitalización ofrece una respuesta evidente frente a las barreras geográficas.
Consultas, comunicaciones y determinadas gestiones pueden realizarse sin desplazarse físicamente hasta una sede judicial.
Para profesionales del derecho y usuarios familiarizados con esas herramientas, el ahorro de tiempo y transporte puede ser significativo.
Pero la tecnología tampoco beneficia de la misma forma a toda la población.
El PNUD reconoce que la digitalización ha mejorado la trazabilidad, el seguimiento y la reducción de desplazamientos, pero advierte sobre una brecha entre la existencia de las herramientas y la capacidad de los ciudadanos para utilizarlas.
Una parte de las personas consultadas desconoce los servicios en línea o carece de conectividad, alfabetización digital u orientación suficiente. El informe concluye que una mayor digitalización no equivale automáticamente a mayor acceso si no se acompaña de educación, asistencia y canales presenciales complementarios.
La magistrada Bernabel coincide en que todavía existen usuarios sin conexión estable, dispositivos adecuados o conocimientos suficientes.
Pimentel observa una situación semejante desde el litigio: quienes cuentan con abogado, internet y conocimientos tecnológicos aprovechan mejor las herramientas; otros continúan dependiendo de acudir personalmente.
La respuesta del Poder Judicial obtenida mediante una solicitud de acceso a la información permite observar esa transición a escala territorial. En Peravia, las solicitudes virtuales pasaron de apenas 3 en 2024 y 70 en 2025 a 2,414 entre enero y agosto de 2026. Durante ese mismo período de 2026 se tramitaron 24,096 solicitudes presenciales.
La diferencia se repite en los demás territorios analizados. Entre enero y agosto de 2026, San Cristóbal registró 39,361 solicitudes presenciales y 9,309 virtuales; Azua, 16,555 presenciales y 2,170 virtuales; y San José de Ocoa, 7,467 presenciales frente a 394 virtuales.
Los datos muestran un crecimiento de los canales digitales, pero también una fuerte dependencia de la atención presencial, precisamente la modalidad que exige al usuario desplazarse hasta una sede judicial.
La tecnología puede reducir una distancia física.
Pero también puede revelar otra: la distancia entre quien puede usarla y quien no.
Esta movilidad institucional es importante porque evidencia que el sistema ha desarrollado mecanismos para acercarse a determinados usuarios.
Medir lo que todavía no se mide
Entre las recomendaciones del PNUD figuran acercar los servicios a los territorios donde más se necesitan, fortalecer la mediación y la conciliación, ofrecer información en lenguaje sencillo, combinar las herramientas digitales con apoyo presencial y reducir costos y desplazamientos que pueden impedir que una persona inicie o continúe un proceso.
También propone analizar de manera conjunta variables judiciales, sociales y territoriales.
Ese planteamiento cobra especial importancia frente a uno de los vacíos encontrados durante esta investigación: no todas las instituciones registran la procedencia territorial de sus usuarios con suficiente detalle para medir las diferencias dentro de una misma provincia.
Saber cuántas personas llegan desde comunidades alejadas, cuánto tiempo emplean, cuántos viajes realizan, cuánto dinero gastan o cuántas dejan de participar porque no pueden sostener esos costos permitiría responder preguntas que hoy permanecen parcialmente fuera de las estadísticas.
El vacío de información territorial no es exclusivo de una institución. La Oficina Nacional de Defensa Pública informó que no registra a sus usuarios por municipio de residencia o procedencia, sino por oficina. La respuesta del Poder Judicial revela una limitación similar: la Dirección de Servicio Judicial y Operaciones indicó que tampoco captura el dato de residencia o procedencia de las personas que visitan sus sedes.
A ello se suma otro elemento: consultada sobre la existencia de estudios institucionales realizados entre 2024 y 2026 acerca de barreras territoriales, distancia geográfica y acceso físico o digital a los servicios judiciales, la Dirección de Justicia Inclusiva informó que no ha realizado investigaciones sobre esas variables.
El sistema puede contabilizar expedientes, solicitudes, trámites y servicios, pero todavía dispone de información limitada para determinar cuánto pesa el lugar de residencia en la experiencia concreta de los usuarios.
Saber cuántos casos recibe una oficina permite conocer una parte del sistema. Saber cuántas personas llegan desde comunidades alejadas, cuánto tiempo emplean, cuántos viajes realizan, cuánto dinero gastan o cuántas dejan de participar porque no pueden sostener esos costos permitiría responder preguntas que aún permanecen parcialmente fuera de las estadísticas.
El costo de volver
Para Tomás, ninguna de esas variables tiene un nombre técnico.
Son RD$200 para llegar y RD$200 para regresar.
Son los aguacates y plátanos que debe vender para reunir el dinero.
Es salir desde Naranjal y viajar a otra provincia porque allí se conoce el proceso de su hijo.
A sus 70 años perdió la cuenta de cuántas veces ha recorrido el camino.
Su historia no demuestra por sí sola que el territorio determine el resultado de un proceso judicial.
Tampoco las diferencias estadísticas entre Peravia, San Cristóbal, Azua y San José de Ocoa permiten afirmar que una población tenga “más justicia” que otra.
Pero cuando esas cifras se leen junto a la experiencia de quienes utilizan, prestan y administran los servicios, aparece una realidad más compleja:
el derecho puede ser igual para todos y, sin embargo, el camino para ejercerlo no necesariamente cuesta lo mismo.
En ese punto, la geografía deja de ser solamente una distancia sobre el mapa.
Se convierte en pasaje, tiempo, jornada laboral perdida, alimentación, información, conexión a internet y capacidad para volver una vez más.
Y entonces la pregunta ya no es únicamente dónde está el tribunal.
Es qué necesita una persona para conseguir llegar hasta él y mantenerse dentro del sistema hasta el final.
