WASHINGTON. El Gobierno de Donald Trump dejará sin protección migratoria a más de 250.000 salvadoreños a partir de septiembre de 2019, fecha para la que deberán haber abandonado EE.UU. si no han obtenido otra vía de regularización pese a que la mayoría vive en el país desde hace al menos 20 años.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció hoy su decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2001 a los salvadoreños que estaban en Estados Unidos tras los devastadores terremotos de enero y febrero de ese año.
El Gobierno justifica la decisión en que “ya no existen las condiciones originales causadas” por los sismos, la razón por la que se otorgó esta protección a un total de 263.282 salvadoreños hasta finales de 2016, según datos oficiales facilitados a Efe.
“La incapacidad temporal de El Salvador para la vuelta adecuada de sus nacionales tras el terremoto ha sido abordada”, sentenció el DHS en un comunicado.
Estados Unidos, según explicó hoy un alto funcionario, considera que El Salvador ha completado “muchos de los proyectos de reconstrucción y saneamiento” con la “significativa ayuda internacional” recibida tras los terremotos, por lo que está en condiciones de acoger “adecuadamente” a sus nacionales emigrados.
Prueba de ello, argumentó, es que en los últimos años el Gobierno estadounidense “ha repatriado salvadoreños a su país”, más de 39.000 en los últimos dos años.
Preguntado por si se han considerado los altos niveles de violencia y pobreza en el país centroamericano a la hora de tomar la decisión, la razón que alegaban los activistas para pedir su prórroga, el funcionario subrayó que sólo se han tenido en cuenta los aspectos por los que se concedió el TPS y ningún otro.
El portavoz insistió en que el periodo de 18 meses permitirá a los afectados “preparar su partida” a su país de origen o buscar otra manera de quedarse en Estados Unidos de manera legal.
“Solo el Congreso puede legislar una solución permanente a la falta de un estatus migratorio legal duradero para los que están actualmente protegidos por el TPS que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante muchos años”, indicó el DHS en su nota.
“El periodo de 18 meses permitirá al Congreso tener tiempo para elaborar una potencial solución legislativa”, agregó.
La organización proinmigrante UnidosUS (antes La Raza) urgió hoy en un comunicado al Congreso a dar “una solución a este error”.
Destacados congresistas como el republicano Mario Díaz-Balart y el demócrata Luis Gutiérrez, así como los senadores demócratas Bob Menéndez y Tim Kaine condenaron rotundamente la decisión del Gobierno y pidieron una respuesta del Capitolio.
