Ante el crecimiento desbordado de la delincuencia, que nadie puede ocultar, para muchos ciudadanos, el presidente de la República debió declarar el 2018 como el año de la seguridad, impulsando un plan nacional enfocado a desmontar los flagelos sociales que atentan contra la integridad de la familia dominicana. Invertir para brindar seguridad ciudadana contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población, estimula la inversión y eleva la imagen de la nación.
Y es que a nadie en su sano juicio se le ocurre invertir en lugares permeados por la delincuencia, donde no se advierten señales de compromiso para frenar la violencia y la criminalidad, como elementos nocivos que vulneran la paz social.
Entre tanto, el 2018 ha sido declarado como el año del fomento de las exportaciones, en un país donde los productores, en su gran mayoría, carecen del apoyo estatal para aprovechar las oportunidades de negocios que se presentan en los grandes mercados internacionales. Sin embargo, los propios ciudadanos expresan preocupación ante la ola delictiva que sacude a la población.
En ese sentido, el llamado es a procurar la instalación de la Mesa de Seguridad Ciudadana, a presupuestar más recursos para la Policía Nacional, a dotar de modernos equipo a las direcciones de investigación de crímenes y delitos, y a otorgar mejores salarios a los miembros de la institución policial.
Donde reina un clima de inseguridad ciudadana se alejan las inversiones, y por ende, las exportaciones. Entonces, lo primero debe ser, garantizar seguridad, señor presidente. Es el grito de la familia, de los empresarios, productores y comerciantes. Es el clamor de un pueblo que demanda del estado disponer de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar seguridad a la población.
