Desde siempre hemos reconocido que las grandes naciones, consideradas potencias internacionales, se atribuyen el derecho de imponer y decidir lo que deben o no deben hacer los países en vías de desarrollo. No importan los preceptos constitucionales, las disposiciones emanadas de organismos oficiales, ni el clamor de un pueblo libre y soberano, al que le asiste el derecho a la autodeterminación. Y es que en el mar de las desigualdades, para los más grandes no cuentan las decisiones de las pequeñas naciones.
Así lo dejó saber la señora Robin Bernstein, quien fue nominada por el presidente Donald Trump, para ser embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Ésta afirmó que de ser confirmada por el Senado, trabajará para que se respeten los derechos de los descendientes de haitianos que resultan afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional.
La señora Bernstein fue más precisa al señalar que buscará garantizar que a los afectados con dicha sentencia se le restaure su nacionalidad, entendiendo que su misión será velar por el respeto a los derechos humanos, por lo que trabajaría para que ellos -los haitianos indocumentados- obtengan pasaporte, para lo cual colaborará con la embajada haitiana.
Durante su intervención por ante el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el senador Ben Cardin, quien tuvo a su cargo hacer las preguntas, sugirió que mantenga informado al referido Comité sobre los procesos que llevará a cabo para lograr ese objetivo, tras asegurar que los haitianos han sido discriminados por los dominicanos, al tiempo que solicitó de la señora Bernstein, que haga de esa tarea una prioridad para mantener al Senado norteamericano comprometido con el tema.
Para un buen entendido, las palabras sobran. Las políticas migratorias impulsadas por el Estado dominicano no cuentan para las susodichas potencias, quienes bajo el pretexto de velar porque se respeten los derechos humanos, acusan directamente al Estado dominicano de negar la ciudadanía a miles de hijos de indocumentados haitianos que no han podido cumplir con las exigencias de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora que llegue ella, de ser ratificada por el Senado norteamericano, seguro que un Congreso como el nuestro, genuflexo por demás, dará el visto bueno a quien desde la distancia acaba de enviar señales de humo
