La crisis institucional que vive la nación haitiana debe preocupar a toda la comunidad internacional, especialmente a las autoridades dominicanas, en virtud de las implicaciones que conlleva compartir la frontera con un pueblo que ha perdido el rumbo democrático, producto de los malos gobiernos y del saqueo generalizado al que ha sido sometido a lo largo de su historia.
Lo que está ocurriendo en el territorio haitiano es el resultado de las medidas impopulares que han sido aplicadas por el gobierno del presidente Jovenel Moise, afectando el desenvolvimiento económico del país más pobre del hemisferio. Bajo esa realidad, los haitianos se han lanzado a las calles, causando daños irreparables, destruyendo negocios y viviendas, en un abierto desafío a las autoridades.
Las protestas que llevan una semana, han cobrado vidas humanas, sin que se perciba una salida que permita poner fin a una crisis que se generaliza. De ahí nuestra preocupación, ante la falta de seguridad en la frontera, matizada por la irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de resguardar la soberanía nacional.
Ahora que escuchamos a un alto oficial del Estado dominicano decir que es casi imposible controlar el tráfico de drogas por la frontera, nos preocupa la tímida actitud del gobierno para hacer frente a una posible poblada de inmigrantes haitianos, que bien podrían ser alentados por los tradicionales enemigos de la patria de Duarte, incluyendo a malos dominicanos.
Resguardar y proteger la frontera, más que una responsabilidad, es un deber patriótico. Más, aún, cuando conocemos las malsanas intenciones de una trilogía de naciones que buscan cargar a la República Dominicana con la miseria haitiana. La crisis económica, política y social que viven nuestros vecinos, sólo se podrá superar con el concurso de la comunidad internacional.
