Las estrategias políticas de los gobernantes dominicanos siempre apuntan en la misma dirección cuando se trata de sacar un tema de la palestra, cuando el mismo afecta intereses de poder: Una práctica que rindió frutos en el pasado.
De ahí que llama poderosamente la atención, que en medio del confuso y enmarañado proceso electoral, el ministro de educación se despache con la Orden Departamental 33-19, que establece como prioridad el diseño y la implementación de la política de género en el sistema educativo, lo que ha generado grandes cuestionamientos en diversos sectores de la sociedad.
El escándalo desatado por la referida orden ha encendido los púlpitos de todas las iglesias, llegando a merecer el pronunciamiento enérgico de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que califica de nociva que la política de género sea incluida en el diseño curricular y que sea una condición sin la cual no se pueda evaluar el desarrollo de las competencias fundamentales de los estudiantes.
La iglesia católica, llamó a la comunidad educativa, a las familias y a toda la sociedad a mantenerse alerta y reclamar la implementación de mecanismos democráticos, deliberativos y transparentes que propicien la participación en la formulación de las políticas públicas relacionadas con la educación de sus hijos.
La Constitución dominicana, en su acápite 2 establece que la familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. El Episcopado Dominicano sostiene que la prioridad en este momento es elevar la calidad de los aprendizajes, formar la conciencia crítica, reflexiva y ética, por lo que debemos centrarnos en la formación integral de los estudiantes para reducir los niveles de violencia y el bajo índice académico que actualmente se registra.
En ese sentido, todos estamos a favor de la equidad de género entre las personas, promoviendo el amor al prójimo, a la sana convivencia y a la educación en valores integrales, sin excluir a ninguna persona. Sin embargo, la generalidad de las iglesias, señalan que la política de género desarraiga la naturaleza humana, ignora la biología, y desconociendo conceptos científicos irrefutables, por lo que la orden departamental que ha sido emitida, carece de sustentos que permitan su aplicación en el país. De su lado, los defensores de la misma entienden que se corresponde con los objetivos del milenio, por lo que merece ser incluida en el currículo escolar.
La verdad es, que con el ruido que se ha producido, la mayoría de los temas que estuvieron gravitando en el escenario nacional han quedado atrás, ante la prioridad de frenar una orden departamental despachada sin el consenso de la sociedad.
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𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃.- 𝐄𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐅𝐮𝐥𝐜𝐚𝐫, 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐨́ 𝐬𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐲 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐉𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 (𝐉𝐂𝐄) 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐥 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨
