UNA VIEJA PRÁCTICA…

Ante el anuncio de la supuesta suspensión de un funcionario del sector salud implicado en la venta o negociación de nombramientos, sale a relucir una vieja práctica que se creía superada en el Estado. La información llamó la atención por el breve tiempo que tiene la gestión de gobierno, y sobre todo, por el hecho de que sería el primer caso de corrupción detectado. Según informes extraoficiales, el funcionario ha sido suspendido y remitido a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, acusado de haber cometido tal aberración en contra de aspirantes a cargos en esa dependencia del estado dominicano.

Las travesuras, según rumores, se conciben como una vieja herencia de la administración pública, donde para lograr un puesto hay que pagar diferentes tarifas dependiendo la magnitud del nombramiento. Así, por ejemplo, en caso de un médico, enfermera o bioanalista que tienen garantizada su permanencia en el Estado, el interesado podría pagar entre 30 y 50 mil pesos, mientras que en empleos de menor categoría la cuota oscilaría entre 10 y 15 mil pesos, llegando en ocasiones a exigir el primer sueldo. Es decir, pagar para conseguir trabajo.

Obviamente, también se cuenta la práctica de nombrar personas que nunca se enteran que laboran en el Estado, y otras, que por el contrario, son canceladas y permanecen en la nómina como empleados activos, mientras que los cheques los cobra otra persona. Todo esto es un secreto a voces, por lo que el pueblo está atento al saneamiento ético que ha sido anunciado por el gobierno.

De ahí que se está a la espera de que el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, revele el nombre del funcionario implicado en el caso, ya que según explicó, se trata de una denuncia que recibió y debe ser investigada. Sin embargo, en lo que el hacha va y viene, en caso de ser cierto, el pueblo requiere que se envíe un ejemplo, aplicando el peso de la ley, para que sirva de escarmiento a aquellos que juegan con las necesidades de empleos de los ciudadanos.

Por lo pronto, es esperanzador, que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la doctora Milagros Ortíz Bosch, haya asumido la investigación, cumpliendo con lo establecido en el artículo seis del Decreto No. 486-12, que asume de oficio la investigación de todos los casos que transgredan el régimen ético, disciplinario, y el ordenamiento penal, procurando que los que resultasen implicados, además de las sanciones administrativas sean sometidos ha la acción de la justicia.

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