Lo que en principio se vendió como un avance significativo en materia de seguridad social para la población dominicana, a más de dos décadas ha devenido en un instrumento para favorecer a empresarios que manejan y disponen a su antojo los millones de pesos que acumulan de nosotros.
La realidad pura y simple es que las Administradoras de Fondos de Pensiones, más que los trabajadores, son las que se están quedando con los recursos de miles de infelices que mueren sin tocar un centavo de los fondos acumulados con esfuerzo.
Y es que la Ley 87-01 de Seguridad Social, presenta debilidades que impiden que muchos puedan disfrutar de una pensión, a pesar de haber cotizado durante años.
Peor aún, según datos oficiales, suministrados por la Superintendencia de Pensiones, la situación es alarmante, ya que más de 42 mil cotizantes fallecieron sin recibir un peso, y para colmo, por ese concepto las Administradoras cuentan con 2,344 millones de pesos en cuentas de capitalización individual que pertenecen a personas fallecidas, cuyos familiares no han podido retirar un centavo. Algunos ni siquiera saben que sus allegados tenían dinero ahorrado en las famosas AFP, producto de sus cotizaciones a la seguridad social. Sin embargo, el problema principal es que las AFP no contactan a los familiares de los fallecidos, aun cuando las Administradoras solicitan a los cotizantes los nombres de sus herederos en caso de muerte.
Sin embargo, en cualquier caso, la ley 87-01 indica a quienes corresponderían dichos recursos, comenzando por esposo, siempre que sea menor de 65 años, y los hijos menores de 18 , o estudiantes menores de 21 años e hijos discapacitados de cualquier edad. Es decir, si la ley es clara, por qué las AFP siguen acumulando sin hacer el menor esfuerzo para que esos recursos lleguen a las manos de sus verdaderos dueños.
El tema de las Administradoras de Fondos de Pensiones suena por múltiples espacios: por las demandas de que se desprendan del 30 por ciento acumulado para favorecer a los trabajadores que han cotizado. Y como si no bastara, ahora suenan por la propuesta de aumentar la edad a 67 años para optar por una pensión del Estado, algo que debe ser rechazado por todos los ciudadanos.
Es preciso señalar que el Poder Ejecutivo no ha presentado una propuesta de reforma legal a la comisión bicameral del Congreso que estudia el referido tema, aunque el ministro de trabajo, Luis Miguel de Camps, acudió recientemente a esa instancia para avisar que desde el gobierno central apuestan a unificar criterios sobre el tema de la seguridad social.
Peravia Noticias, al tiempo de elevar su voz por los trabajadores, llama a observar de cerca el curso de estas propuestas, ya que lo único cierto es la necesidad de superar las debilidades que confronta el Estado con relación a la administración de los fondos de la Seguridad Social de quienes cotizamos.
MUCHO PARA ELLOS, Y POCO PARA NOSOTROS…
Martes 11 mayo 2021
