La lucha de los pueblos por conquistar derechos fundamentales está escrita con sangre, sudor y lágrimas. Durante siglos en la mayoría de los países hemos conocido mártires de la prensa, hombres y mujeres consagrados a la defensa de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. La República Dominicana cuenta con muchos de ellos, los abanderados del honor, que asumieron enfrentarse a fuerzas extrañas al libre ejercicio del periodismo. Hoy, aunque disfrazados de demócratas, los enemigos son los mismos, pero con métodos distintos. Los encontramos en las altas esferas del Estado, en el empresariado, en estamentos militares, en el bajo mundo del narcotráfico, y hasta en entidades sociales que reciben y administran fondos públicos. Es decir, estamos rodeados de individuos que tienen como objetivo censurar y callar a quienes ejercen con dignidad el periodismo.
Es en ese contexto que aparece el proyecto presentado por la senadora Melania Salvador, de la provincia Bahoruco, y que fue aprobado por ese hemiciclo el pasado 20 de abril, donde resurge como espada del averno uno de los mayores riesgos para el ejercicio del periodismo. El proyecto de ley de la senadora, supuestamente busca regular la protección al derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen del individuo. Obviamente, coincidimos con la Fundación Institucionalidad y Justicia, en tanto expresa que no pueden instituirse mecanismos que equivalgan a censura previa, tal y como lo ha establecido el Tribunal Constitucional.
También llama la atención ante la vaga determinación de criterios en la referida propuesta, por lo que considera que deben ser revisados “los principios de legalidad, seguridad, finalidad, racionalidad, idoneidad y proporcionalidad “ ya que la pieza se refiere a conceptos que pudiesen resultar indeterminados, tales como, “el interés de hacer daño”, “ juicios desfavorables”, entre otros, sin establecer los criterios de alcance que pudiesen ir en desmedro del contenido esencial del ejercicio de la libertad de expresión. En igual sentido, al referirse a los criterios de imagen e intimidad de los funcionarios, Finjus recordó lo establecido por el Tribunal Constitucional, en cuanto al escenario de mayor escrutinio de los servidores públicos ante la sociedad. Es altamente nocivo y peligroso, que un funcionario se crea todopoderoso, colocado en un pedestal donde nadie lo pueda cuestionar, ya que por el simple hecho de representar a los ciudadanos está sujeto a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, dado que la libertad de expresión faculta al individuo y a la sociedad a participar en debates activos y vigorosos sobre todos los aspectos de interés social, aunque entendemos que debe resguardarse la vida privada.
El proyecto de doña Melania merece ser revisado y consensuado con las entidades representativas de la prensa nacional, con los actores de la función de comunicar y con el pueblo en sentido general. No es necesario sancocharlo al vapor porque está más que demostrado que sus efectos pueden causar daños graves al libre ejercicio del periodismo en la República Dominicana. Y eso no es lo que deseamos.
