La tan sonada Operación Antipulpo acaba de tomar un giro sorprendente con la decisión del juez Delby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien procedió a variar la prisión preventiva al hermano del ex presidente Danilo Medina y otros tres implicados en el caso de corrupción administrativa. Los demás favorecidos con la medida son Fernando Rosa y José Dolores Santana, quienes tenían un año y nueve meses recluidos en la cárcel de Najayo, acusados de haber estafado al Estado dominicano. De ahí la reacción de la generalidad de la población.
El juez sustentó la decisión en el hecho de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no cumplió con presentar la acusación, lo que ha causado indignación, porque, para decirlo en buen dominicano, se montó un show mediático sin aportar los datos fundamentales que conllevaran a condenar a los acusados.
Es así como Alexis Medina, pagó una fianza de RD$ 60 millones de pesos para que se le variara la prisión preventiva. Mientras que a Fernando Rosa, el ex director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) corrió con la misma suerte pagando una garantía económica de RD$ 30 millones.
Por último, la suerte también tocó a José Dolores, a quien sólo le impusieron RD$ 20 millones. De esta forma, y como no representan peligro de fuga, el juez ordenó colocarles sus respectivos brazaletes electrónicos, con impedimento de salida del país y presentación periódica.
Obviamente, esto ha encendido las redes sociales, causando un mar de críticas contra la justicia. Esto también empaña el discurso del presidente de la República, Luís Abinader, quien exhibe como logro de su gobierno la independencia del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cómo se explica que el organismo especializado en defender el patrimonio del Estado, el que está llamado a instrumentar expedientes sustentados con los debidos presupuestos, haya violado por desgano supuestamente premeditado, los plazos para presentar una acusación formal.
Cómo es posible que los acusados pasarán más de 18 meses con medidas de coerción y que en todo ese tiempo no presentarán la documentación esperada. Al parecer “algo huele mal en Dinamarca”
La verdad es que el juez Delby Timoteo Peguero, no tenía otra opción que variar la medida de coerción porque la misma se había excedido en más de tres meses y el plazo razonable se había agotado. Ahora, con esto que ha pasado, más que fortalecer la imagen de la justicia, se envía un mensaje degradado a una sociedad que reclama castigos severos contra los corruptos de todos los gobiernos que han pasado por el Estado. Ya hace unos meses la justicia eximió de culpa a los acusados del famoso caso de Los Tucanos, ya olvidamos el ruido de la Sun Land y otros menudos silbidos de Odebrecht. Entonces, qué piensa usted?
