La sociedad dominicana ha esperado durante años por un remedio efectivo que pueda ser aplicado de forma responsable para curar el más degradante de todos los males sociales, considerado como el principal detonante de la marginalidad social, la miseria y pobreza por la que atraviesa la población a nivel mundial.
De ahí que el noble pueblo dominicano, sin vacilar, aplaudió el discurso del presidente Luis Abinader, cuando a sólo días de arribar al poder se mostró dispuesto y comprometido a enfrentar de manera firme el llamado “mal del siglo”.
Es decir, la corrupción administrativa, como flagelo ominoso, responsable del estancamiento económico, de la ausencia de obras prioritarias para el desarrollo de la nación y de los bajos niveles de inversión en salud y educación.
Por tal razón, cuando la población escuchó las palabras del presidente, asumiendo gobernar con una justicia independiente, sin ataduras ni imposiciones orientadas a otorgar impunidad a los corruptos y sus cómplices, observamos un rayo de luz al final del túnel.
Y para confirmación de su determinación, con la designación de la magistrada Miriam Germán, en la Procuraduría General de la República, entendimos la reiteración de ese compromiso.
Hoy, a dos años de gestión, podemos contar los procesos judiciales encaminados a adecentar el Estado. Son muchos los acusados, los señalados por el rumor público, y ni hablar de los voluminosos expedientes que llegan en cajas de dimensiones espectaculares, pero hasta la fecha, la justicia independiente sólo cuenta con un caso resuelto: el de la ex directora nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía, señora Octavia Medina, a quien el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la encontró culpable de cometer un fraude por la suma de ocho millones de pesos en esa entidad oficial. Por lo menos había que comenzar. Sin embargo, es preciso recordar que los casos grandes, los que han sonado bastante, se han ido alargando como un famoso anuncio publicitario. Y esto, por desgracia no es conveniente aunque respetamos el modo de actuar y del poder judicial. Pero esto no nos impide pensar que si los casos judiciales por corrupción se alargan hasta diluirse con el tiempo, crearán un desencanto colectivo que causará graves daños al propio sistema de justicia en la sociedad dominicana.
No podemos permitir que la población, en sentido general, vaya asumiendo como irrelevante los casos de corrupción. Ese sería el peligro más grande para el fortalecimiento del sistema democrático de la nación.
Cuando el pueblo percibe que no hay castigo para los corruptos, entonces, todo luce oscuro, sin caminos que permitan salir del despeñadero moral en el que ha caído el sistema político nacional. Claro, si al final habrá castigo ejemplar, entonces vale la pena esperar.
