Parece un contrasentido, pero el sistema judicial, el que suponemos está llamado a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, anda patas arribas, dejando de lado la responsabilidad sagrada de impartir justicia en la República Dominicana. Y no exageramos, porque los hechos están hablando. Contar con más de 15 mil presos preventivos que llevan años esperando ser medidos por la vara de la justicia, es la mayor confirmación de una aberración que nadie explica.
¿Cómo es posible que más de 15 mil individuos pasen años en cárceles inmundas, esperando por un juicio justo? De hecho, ser apresado y retenido más allá del tiempo requerido, es una violación flagrante de los derechos humanos. Es una condena sin la debida sentencia, una especie de pasaje a la muerte para quienes son expuestos al hacinamiento y el abandono. Muchos sufren graves problemas de salud, con enfermedades terminales y graves discapacidades. Sin embargo, eso no ha servido para recibir un juicio justo. Continúan ahí, encerrados, clamando por ser escuchados en una sociedad donde pocos miran hacia el sistema penitenciario. Hace unos años, desde el gobierno encabezado por Leonel Fernández, comenzaron los aprestos para el reordenamiento carcelario, sin embargo, a casi dos décadas podemos afirmar que todo sigue igual. Hasta ahora los esfuerzos han sido fallidos sin mostrar nada positivo. Los resultados no han sido inventados. Los datos mostrados por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, indican la gravedad de lo que está ocurriendo: de 25 mil 711 privados de libertad, más de la mitad guarda prisión preventiva. Lo más lamentable es que entre esos casos, donde se cuenta con pruebas contundentes e irrefutables, tardan años para emitir una sentencia. Eso explica el cúmulo de presos preventivos.
Ojalá que alguien pueda explicar el por qué cuando se tienen los llamados presupuestos, con las debidas pruebas para condenar a un acusado, se observa la inercia premeditada? Esto, como es natural, lleva a pensar mal en una sociedad que reclama avanzar en el tren judicial.