Varios sectores de la vida nacional han mostrado preocupación por la difícil situación que confrontan miles de seres humanos que están privados de libertad con enfermedades terminales, sin acceso a atenciones médicas especializadas, hacinados y condenados a sufrir por falta de medicamentos. Lo que está ocurriendo en la mayoría de los centros penitenciarios es preocupante, ya que no sólo afecta a los enfermos sino que repercute en otros compañeros de celdas que están obligados a soportar ese cuadro dantesco. Y es que los internos con afecciones pulmonares, tuberculosis y neumonías avanzadas, requieren de atención médica especializada. De ahí el llamado urgente a las autoridades para que asuman responder conforme a la situación de salud de cada paciente. Por eso saludamos la valoración de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, frente a la disposición del Colegio Médico Dominicano a integrarse a un programa que, por razones de humanidad, agilice la salida de las cárceles de los privados de libertad con enfermedades avanzadas que requieren seguir un tratamiento en sus casas. El tema ha trascendido, tocando las fibras más sensibles de la sociedad. Son muchos los reclusos que padecen enfermedades catastróficas, que más que atención médica, necesitan el cuidado afectivo de familiares y amigos, por lo que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, mantiene una visión humanista de los hombres y mujeres que acoge en todos sus recintos. A ese clamor también se han unido otras entidades no gubernamentales, por lo que se pretende establecer una mesa de diálogo, aunque existe una mesa de trabajo multisectorial en la que participan las instituciones del sistema de Justicia. Precisamente, por justicia y humanidad, es entendible que se tomen acciones a favor de los enfermos. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su apoyo a la propuesta del Listín Diario para que las autoridades penitenciarias envíen a sus casas a los enfermos mentales, envejecientes y personas con padecimientos graves y vulnerables, para que terminen de cumplir sus penas o medidas de coerción. Esto, además, contribuirá a descongestionar las cárceles del país, ya que el 62 por ciento de la población carcelaria vive en condiciones de hacinamiento compartiendo celdas con enfermos mentales, pacientes con VIH, cáncer terminal y tuberculosis.
En tal sentido, nosotros tenemos que preguntar ¿cómo es posible que en la cárcel de La Victoria contemos más de 150 reclusos con problemas mentales? Es justo y necesario que los enfermos terminales sean evaluados y se les permita terminar sus días junto a la familia.
