Desde hace tiempo venimos denunciando los constantes abusos que cometen ciertas clínicas privadas contra pacientes que son llevados de urgencia, en condiciones críticas. La situación se complica cuando al momento del ingreso se encuentran con el primer tropiezo. La pregunta cortante, quién se hace responsable. Claro está que existen hospitales públicos pero ante la necesidad de salvar la vida de un ser humano muchos optan por llevarlos al centro de salud más cercano, sin pensar que sea público o privado. Así conocemos de muchos casos donde nadie quisiera estar para contarlo. Sin embargo, resulta alentador conocer que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales haya procedido a sancionar, por primera vez desde su creación, a un centro médico del Distrito Nacional, con una multa ascendente a 101 salarios mínimos, por el cobro indebido de depósito o anticipo a dos afilados al Sistema de Seguridad Social. Un hecho sin precedentes que debemos saludar porque nos permite pensar que en lo adelante nadie osará cobrar por adelantado. La sanción histórica se estableció mediante la resolución No. 0022-2023, tras encontrar hallazgos suficientes que tipifican la práctica prohibida de cobros indebidos, mediante la solicitud de depósitos o pagos anticipados como requisitos de acceso a la atención médica. Esto se constituye en una violación a la ley de Seguridad Social y sus normas complementarias.
Lo que no logramos entender es el por qué la superintendencia sólo dice que se trata de un centro de salud reconocido, y omite el nombre del establecimiento. Esto, de por sí, le resta fuerza a la información sobre la referida sanción. Recordamos que el cobro del anticipo para ofrecer atenciones médicas de emergencia es una vieja práctica que tiene años denunciándose en el país. Según expresa el doctor Feriz Iglesias en un documento de prensa, la sanción contra el reconocido centro médico es la primera que aplica la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Ojalá que concomitantes con la sanción, podamos identificar a la clínica privada que haya sido sancionada. Esto si enviará un mensaje a todos los demás centros privados. Obviamente, nos sumamos a celebrar que por fin se ha establecido un precedente y todos los ciudadanos podemos, ante un caso similar, tocar las puertas del Superintendente.
