Así podemos catalogar la acción criminal perpetrada por individuos que provocaron un apagón en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez. Mediante el informe ofrecido por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, del Departamento Aeroportuario, conjuntamente con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), fue confirmado el sabotaje que dejó en tinieblas el aeropuerto, pudiendo haber provocado una catástrofe de impredecibles consecuencias.
Según el referido informe, individuos aún no identificados cortaron de manera “intencional y planificada” los cables eléctricos del circuito que alimenta el sistema de luces de las pistas de aterrizaje, lo que interrumpió por tres horas el servicio de iluminación, causando trastornos a 15 vuelos. Recordamos que cuatro de estos, debieron ser desviados a otros aeropuertos.
Reconociendo la gravedad del hecho, entendemos necesario que las autoridades logren capturar a los autores materiales e intelectuales, quienes podrían enfrentar cargos por terrorismo con penas de hasta 40 años, según lo establece la Ley 267-08 en su artículo once. Imaginemos por un momento lo que pudo haber ocurrido con los vuelos programados, ¿cuántas vidas humanas pudieron haberse perdido? Ni pensar en los efectos negativos para el país.
Obviamente, después del apagón, consumada la acción, tenemos que sentir preocupación, porque recientemente las autoridades militares responsables de garantizar la seguridad aeroportuaria y la de la aviación civil ignoraron los riesgos para el sistema de vigilancia de la salida de servicio de 26 cámaras térmicas del perímetro del Aeropuerto Internacional de las Américas, denunciado en marzo por el diario digital Acento. Tampoco tomaron medidas cuando en la madrugada del pasado 27 de marzo desaprensivos desmontaron y robaron 20 metros de verja perimetral. Por el contrario, iniciaron una “cacería de Brujas” entre sus miembros para determinar quién filtró la información a los periodistas. En ese sentido, antes de que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, estableciera las causas por las cuales el aeropuerto cerró sus operaciones, el CESAC había presentado una versión distinta.
Según el citado organismo, todo se debió a un incendio en los cables eléctricos que alimentan el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje. Es decir, para los susodichos, todo ocurrió de manera fortuita.
Sin embargo, minutos después, la vicepresidenta habló de un acto vandálico provocado por elementos que se introdujeron al área restringida de manera clandestina. De ahí el llamado reiterado a investigar a quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad en esa terminal aérea.
Es preciso aplicar la Ley 267-08 que define los actos de terrorismo como aquellos que se ejecuten empleando medios susceptibles de provocar en forma indiscriminada o atroz, muertes, heridas o lesiones físicas o psicológicas, de un número indeterminado de personas o estragos materiales a infraestructuras estratégicas de la nación. El hecho en cuestión puede considerarse como tal. De ahí la urgente necesidad de responder con severidad contra quienes causaron este sabotaje criminal.
UN ACTO DE TERRORISMO
Editorial de Peravia Noticias miércoles 26 mayo 2021
